Además, Gestha señala que, teniendo en cuenta el coste de 4.800 millones de euros de la medida, su impacto sobre la recaudación anual del IRPF será del 6,8%, tomando como referencia los 69.951 millones de euros recaudados en 2013 por este impuesto.

Para los Técnicos de Hacienda, “estos datos evidencian que las medidas adoptadas por el Ejecutivo en grandes impuestos como el IRPF son más bien retoques puntuales y no una auténtica reforma completa del sistema tributario español para garantizar los principios de suficiencia y equidad”.

Gestha también recuerda que la progresividad es la “gran perjudicada” de esta reforma al simplificar de siete a cinco los tramos actuales del IRPF, ya que los principales beneficiarios de la reforma no sumarán más de 73.000 contribuyentes, los que ingresan más de 150.000 euros anuales, que suponen en torno al 0,3% del total de declarantes.

Al entrar en el detalle de la reforma, Gestha ve con “buenos ojos” el fin de las ganancias patrimoniales que se producían en la dación de una vivienda habitual en pago de deudas, aunque reclama al Gobierno que anticipe un año la entrada en vigor de forma retroactiva al 1 de enero de 2014, para que no se les exija pagar impuestos a quienes están siendo desahuciados este año.

También considera que la rebaja hasta 8.000 euros en la aportación máxima de los planes de pensiones es un “pequeño paso” para reducir tímidamente la regresividad de la desgravación que utilizan con mayor intensidad las personas con mayores ingresos. De hecho, esta rebaja apenas va a afectar “de media” a los 3.384 personas que declaran ganar más de 600.000 euros.

Por otra parte, Gestha ve un “nuevo apoyo gubernamental” a la banca al mantener su tributación en el 30%, incluso a pesar de que es superior a la del resto de sociedades. En este sentido, destacaron que someterlas al 25% exigiría recalcular los créditos fiscales, conocidos como ‘DTA’ por sus siglas en inglés Deferred Tax Assets, y que ascendían a 38.377 millones en 2011.

Estos créditos fiscales, explicaron, se corresponden con las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, calculadas con el tipo nominal del 30%, por lo que bajar el gravamen provocaría un deterioro de los activos de las entidades financieras de casi 6.400 millones de euros.