Los taxistas se congregaron ante el Ministerio de Fomento, donde los representes de la Federación Profesional del Taxi de Madrid entregaron un manifiesto para exigir a la Administración “un posicionamiento tajante y contundente frente a estas prácticas que solo buscan economía sumergida, fraude e ilegalidad”.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, recordó que en todas aquellas ciudades en las que se han introducido este tipo de empresas, el taxi ha desaparecido y se preguntó “cómo es que la Administración permite la entrada de este tipo de economía sumergida y cómo va a pagar las pensiones que se pagan con los millones de euros que recibe el Estado por parte del sector del taxi en forma de IVA, impuesto especial de hidrocarburos, IRPF o los seguros sociales, si éste se extingue”.

Por eso, pidió “de forma rotunda y urgente que no se permita esa aplicación, ya que es totalmente ilegal al vulnerar las más elementales normas establecidas en materia de transporte, seguridad vial, consumo, seguridad social y hacienda, entre otras”. Sanz añadió que “la Administración quiere negociar, pero no se puede negociar con quién está cometiendo una ilegalidad”.

En este sentido, el colectivo profesional del taxi demandó que se cumpla la legislación que dicta que si un conductor quiere ejercer, debe disponer de licencia municipal concedida por los ayuntamientos, estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y declarar todos sus ingresos, condiciones que, a su juicio, no cumplen los conductores de Uber.

Además, explicó que este tipo de transportes implica un retroceso en la calidad del servicio y en materia de seguridad en el transporte de ciudadanos, ya que los taxistas están obligados a contar con un seguro de accidentes de 50 millones de euros de póliza, condición que, afirman, tampoco cumple Uber.