De acuerdo con estos datos, más de la mitad de los procesos de IT remitidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a los diferentes servicios de salud entre enero y junio han sido revisados, gracias a los acuerdos suscritos entre el ministerio, el Insaludy las autonomías que tienen la asistencia sanitaria transferida.

Así, de los 39.846 procesos de baja enviados desde enero a los diferentes servicios de salud, 22.785 fueron puntualmente revisados, lo que, según el ministerio, ha mejorado "considerablemente" el control de las prestaciones por IT en el primer semestre del 97.

En más de la mitad de los casos revisados, concretamente en un 52,64%, se dictaminó la continuidad de la prestación por incapacidad temporal, mientras que se dió el alta médic al 38,8% de los afectados. Además, en un 8,5% de los procesos se ha producido el alta médica con propuesta de incapacidad permanente.

Extremadura es la comunidad autónoma con el porcentaje más alto de revisiones, el 90,5% de las solicitadas, junto con Navarra, Castilla y León y La Rioja, que sobrepasan el 80%. Andalucía, con el 47,4%, y Baleares, con el 49,3%, son las autonomías que presentan un nivel de verificaciones más bajo.

Según Trabajo, el objetivo de los acuerdos suscritos con el Insaludy las comunidades autónomas es mejorar la organización, gestión y control de las bajas laborales en todo el Estado y reducir el fraude. En los últimos meses se han suscrito acuerdos con todas las autonomías que tienen trasferida esta competencia, salvo con Valencia, con la que se negocia actualmente.

Estos conciertos se inscriben dentro del plan de choque impulsado por Trabajo para la mejora y el control de las prestaciones por IT, que cuestan cada año a la Seguridad Social más de medio billón de peseas. En virtud de estos acuerdos, la Seguridad Social o el servicio de salud correspondiente están obligados, a través de sus servicios médicos, a mejorar el control y seguimiento de los casos de incapacidad temporal.

El departamento que dirige Javier Arenas aseguró hoy que estos conveios suscritos entre las diferentes administraciones están permitiendo atajar situaciones de fraude en el inicio de los procesos de incapacidad temporal, impidiendo que se prolongue indebidamente la percepción de la prestaión.