Hasta 300 de estos 400 millones están adscritos al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y los otros 100 restantes al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La Ley de Autonomía Personal y Dependencia, que entrará en vigor en enero de 2007 establece un nivel mínimo de protección definido y garantizado financieramente por el Estado; un segundo nivel de protección mediante un régimen de cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas a través de convenios y, finalmente, las comunidades podrán desarrollar, si estiman oportuno, un tercer nivel adicional de protección a los ciudadanos.

El coste total del nuevo Sistema de Atención para las Administraciones Públicas se estima en 4.425 millones de euros anuales, cuando dicho sistema esté plenamente desarrollado.