El Ministerio Fiscal interpone un recurso de casación basado en la vulneración de cuatro artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y del artículo 24 de la Constitución, que recoge el derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como indica el artículo 852 de la Lecrim.

En concreto, la Fiscalía recurre al artículo 849 de la citada ley al entender que ha “existido error en la apreciación de la prueba” y que se ha “hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de ley penal”.

Asimismo, aluden al artículo 850.1 de la Lecrim, que habla de la posibilidad de interponer un recurso de casación “cuando se haya denegado alguna diligencia de prueba que, propuesta en tiempo y forma por las partes, se considere pertinente”.