Para abordar este asunto, el Comité Interdisciplinar de Sujeciones de la SEGG ha aprobado el ‘Documento de Consenso sobre Sujeciones Mecánicas y Farmacológicas’, que ha sido presentado en la sede del Imserso en Madrid.

Estas prácticas "no siempre se llevan a cabo con la racionalidad y excepcionalidad que serían deseables para un procedimiento en el que se pone en riesgo la libertad, la dignidad y la autoestima personal; detectando, en ocasiones, centros en donde se realiza un uso indiscriminado que supera el 50%”, según denuncia la SEGG en una nota de prensa.

Además, para esta sociedad, en algunos casos “ni siquiera se cuenta con el consentimiento de los representantes de las personas a las que se aplica, las cuales generalmente carecen de capacidad decisoria o 'autogobierno'”.

En opinión del doctor Primitivo Ramos, el uso de sujeciones conlleva un riesgo no despreciable de complicaciones y accidentes, bien de forma directa, produciendo lesiones, erosiones, laceraciones, desgarros de plexos nerviosos o isquemias, que llegan en algunos casos a lesiones potencialmente mortales por estrangulamientos y asfixia; o bien de forma indirecta, en forma de efectos adversos como infecciones, deterioro funcional, síndrome de inmovilidad, incontinencia, úlceras cutáneas, etcétera.

Por su parte, el presidente de la SEGG considera que “las sujeciones farmacológicas o químicas, y especialmente las mecánicas o físicas, constituyen uno de los temas más controvertidos de la asistencia geriátrica por las notables repercusiones morales, éticas, sociales y jurídicas que conllevan. Pese a todo ello, desde el punto de vista jurídico, no existe un marco normativo o legislativo específico común a nivel estatal que lo aborde, encontrando un escenario en el que cada comunidad autónoma comienza a promulgar una normativa reguladora sobre las mismas”.