Este aspecto fue destacado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que compareció en el Palacio de La Moncloa tras la reunión semanal del Gobierno, que decidió el envío al Congreso de la nueva normativa sobre seguridad ciudadana.

A este respecto, Fernández Díaz explicó que el proyecto aprobado por el Ejecutivo servirá para “garantizar más y mejor la seguridad ciudadana”, al tiempo que dará “más seguridad jurídica” y más protección a los derechos y libertades de los ciudadanos.

Pese a las críticas recibidas, el ministro resaltó que los derechos de manifestación y de reunión quedan totalmente protegidos en esta iniciativa legislativa. Además, la futura ley, que consta de cinco capítulos, regula por primera vez los cacheos; establece claramente las condiciones para identificar a un ciudadano; e incorpora conductas que antes eran faltas en el Código Penal.

“PROFUNDAMENTE GARANTISTA”

El ministro indicó que el texto aprobado este viernes por el Gabinete de Mariano Rajoy se ha visto enriquecido por las aportaciones de órganos consultivos como el Consejo de Estado o el CGPJ, así como de ONGs como Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam.

El titular de Interior remarcó que las aportaciones recibidas hacen que el proyecto que se envía a la Cámara Baja tenga “mayor calidad jurídica”, sea “profundamente garantista” y encuentre “pleno encaje en sistema constitucional”.

En esta línea, resaltó que se han incorporado sugerencias como la realizada por Intermón Oxfam, que pidió que se diese un documento acreditativo de las estancias en comisaría a efectos de identificación. Lo que se hará será facilitar a estos ciudadanos un “volante” en el que se reflejarán las horas de estancia en dependencias policiales, que no podrán ser superiores a seis, y los funcionarios que atendieron a la persona implicada.

Asimismo, Fernández Díaz se refirió a que la futura ley regula por primera vez los cacheos y establece un marco jurídico más concreto para las identificaciones de ciudadanos. Una novedad en este terreno es que se alude a que no podrá haber identificaciones por grupos raciales o sociales, lo cual es la primera vez que se incluye una norma con rango legal.

PROTESTAR FRENTE AL CONGRESO

El responsable de Interior también aludió a que, en el proyecto que estudiarán y aprobarán las Cortes, se recoge que manifestarse frente al Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos sin comunicarlo o incumplir los requisitos de la ley de reunión será sólo infracción leve si no hay incidentes, mientras que se considerará grave si hay una “perturbación grave” del orden público.

Destacó que en la Ley de Seguridad Ciudadana en vigor, que data de 1992, contempla que concentrarse frente a las instituciones parlamentarias es grave simplemente por llevarse a cabo, sin tener en cuenta que haya violencia o no.

Fernández Díaz resaltó que esta es la “auténtica realidad” del proyecto del Gobierno y esto puede ayudar a aclarar “dudas” sobre lo que se había dicho sobre el derecho de manifestación a raíz de la nueva regulación sobre seguridad ciudadana.

Asimismo, preguntado sobre qué hubiera ocurrido con el caso del asedio al Parlament de Cataluña con la nueva ley, el ministro dijo que, tras la absolución, los acusados podrían haber recibido una sanción administrativa. No obstante, el ministro destacó que en el actual Código Penal es delito acosar o agredir a parlamentarios.