En un auto hecho público hoy, Pedraz reconoce que “ha sido imposible insertar las órdenes de búsqueda internacionales contra los procesados en Interpol”, después de que ésta se lo denegara por considerar este delito como “una cuestión o asunto militar” a instancias de Estados Unidos (EE.UU.)

Ante la imposibilidad de llevar ante la Justicia española a los tres procesados por la muerte de Couso y otro periodista ucraniano en Irak en 2003, el teniente coronel Philip de Camp, al capitán Philip Wolford y al sargento Thomas Gibson, Pedraz decidió informar a la red europea de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

En su resolución, el magistrado explica que decidió recurrir a esta organización, encargada de fomentar la cooperación entre las autoridades nacionales y europeas para investigar y enjuiciar este tipo de delitos, “en aras a agotar todas las vías para evitar la impunidad” de los procesados.

Pedraz señala en su auto que “pese a la existencia de un convenio bilateral de asistencia judicial entre España y los EE.UU.”, lo cierto es que no ha obtenido respuesta a la comisión rogatoria enviada para que los tres altos cargos militares declarasen ante la Justicia española.

Asimismo, el magistrado apunta que la justicia norteamericana “no inició procedimiento judicial alguno” contra de Camp, Wolford y Gibson y afirma que EE.UU, solo abrió un expediente de carácter “militar” del que “no se dedujo responsabilidad”.