Así se pone de manifiesto en el informe ‘Por una justicia a la altura de la infancia’, elaborado por Save the Children, en el que se revisan 345 sentencias judiciales de casos recientes de abusos sexuales contra la infancia en España entre 2023 y 2024, cuyas conclusiones se publicaron este jueves.

El 82,9% de las víctimas en este tipo de casos son niñas o adolescentes, lo que, según el trabajo, “confirma una tendencia estable y creciente” (en 2023 fue del 80,3%), siendo la edad media de inicio de los abusos 12 años. A su vez, el 5% de las víctimas de abusos sexuales a menores de edad contaba con algún tipo de discapacidad.

Ante esta situación, la directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, Catalina Perazzo, comentó que “estamos ante una violencia silenciada”, como lo acredita que “casi la mitad de las denuncias por delitos sexuales en España tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, pero el sistema judicial sigue sin estar preparado para protegerlos”.

Esto le sirvió para argüir que “la justicia no puede ser un ámbito de desprotección para quienes ya han sufrido violencia sexual”.

Respecto a los agresores, el 98% son hombres; mientras que en ocho de cada diez casos se trata de una persona conocida por la víctima, principalmente personas procedentes del entorno familiar.

Del mismo modo, un 38,7% de los agresores son personas conocidas no familiares, como amigos de la familia o profesionales que trabajan con la infancia; y en el 19,5% de los casos es un desconocido.

En cuanto a los antecedentes de los agresores, en seis de cada diez ocasiones carecían de antecedentes penales. Entre quienes sí los tenían, un 16% estaba vinculado a delitos sexuales.

Por su parte, el estudio atestigua que el 40,9% de los casos se prolonga más de tres años y en un 12,1% supera los cinco años, lo que provoca que las víctimas “deben revivir los hechos una y otra vez”, llegando a darse que más de la mitad de las víctimas tuvo que declarar más de una vez.

A juicio de Catalina Perazzo, “estos procesos largos dificultan significativamente la recuperación de los niños y niñas víctimas”, por lo que “la implementación de sistemas de justicia especializada ayudaría a reducir estos tiempos, al agilizar los procedimientos y limitar la necesidad de múltiples declaraciones”.

El informe de Save the Children señala que en un 34,5% de los casos se recurrió a la denominada ‘prueba preconstituida’, es decir, a la grabación del testimonio para que no sea necesario repetirlo en el juicio. Sin embargo, la entidad consideró que esta cifra “sigue siendo insuficiente” y mostró su inquietud ante su “uso minoritario”.

Catalina Perazzo comentó que “el testimonio de los niños y niñas víctimas es la principal prueba en la mayoría de los casos” e indicó que resulta “preocupante que todavía no se generalice” este tipo de prueba, que “además es obligatoria para menores de 14 años”, abocando a que “muchas víctimas tengan que revivir el trauma una y otra vez a lo largo del proceso, incluso durante el juicio oral”.

Save the Children adujo que resulta necesario “ampliar la justicia especializada en violencia contra la infancia en todo el territorio”, puesto que la creación de apenas tres secciones en todo el país (Barcelona, Madrid y Málaga) “resulta insuficiente para garantizar una respuesta adecuada a todas las formas de violencia que afectan a los niños, niñas y adolescentes”.

Por último, reclamó la creación de fiscalías especializadas en violencia y equipos técnicos multidisciplinares, la incorporación “de manera efectiva” de la evaluación del interés superior del menor en todas las sentencias, resolver cuestiones competenciales para que los casos de violencia sexual contra las niñas se tramiten en las secciones de infancia y adolescencia, evitando desigualdades y garantizando una atención adecuada a sus necesidades, y extender el modelo Barnahus a todas las comunidades autónomas.