Así lo detalló en rueda de prensa el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien presentó un informe y una campaña del sindicato para alertar sobre el “colapso” que sufre la jurisdicción social en España.

Sordo avisó de que “no estamos ante una simple incomodidad administrativa”, sino que cuando hay colapso en la justicia “el derecho se debilita”, ya que la demora en la jurisdicción social ha alcanzado un nivel tal, que “compromete el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas”.

En materia de despido individual, pese a tratarse de un procedimiento “urgente y preferente”, la demora media estatal alcanza los 375 días, es decir, 12 meses y medio. “En este caso, 1155 expedientes analizados y 29 provincias en colapso funcional”, denunció Sordo. En Seguridad Social, la demora media agregada es de 389,7 días, es decir, 13 meses y son 36 provincias las que aparecen en “colapso funcional”.

El estudio sostiene que el “colapso funcional” no es una “expresión retórica”, sino que se considera que una respuesta es satisfactoria cuando la resolución se sitúa hasta en dos meses; entre dos y cuatro, hay una “demora preocupante”, mientras que entre cuatro y seis hay una “demora lesiva de la tutela judicial” para hablar de “colapso funcional” a partir del sexto mes.

“La demora judicial no es neutra”, previno Sordo, quien dijo que son los trabajadores quienes “soportan” el peso de los costes en la tardanza y tienen que afrontar decisiones lesivas sobre sus intereses, con “efectos económicos, profesionales y vitales”, incluida la no percepción de prestaciones que le corresponden.

En consecuencia, manifestó que la jurisdicción social necesita medios suficientes, organización adecuada, datos transparentes y una estrategia sostenida de reducción de demoras. “No puede aceptarse que la persona trabajadora que reclama salarios, impugna un despido, solicita una prestación o denuncia una vulneración de derechos fundamentales, tenga que esperar meses o años para tener el juicio”, aseveró el líder de CCOO.

“No puede aceptarse que el territorio donde reside determine la efectividad o no del derecho reclamado; no puede aceptarse que la demora judicial se convierta en una ventaja para quien incumple la ley, y no puede aceptarse que la respuesta institucional únicamente sea pedir paciencia a quien soporta la lesión”, abundó.

Para resolver esta situación, van a remitir desde CCOO el informe a los grupos parlamentarios, al Ministerio de Justicia y a las comunidades con competencias en recursos judiciales.

Por su parte, el secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas, Javier Pacheco, avanzó que se pondrá en conocimiento del Comité Europeo de Derechos Sociales la situación de la jurisdicción social.

En este sentido, la responsable del gabinete jurídico de CCOO, Eva Urbano, justificó esta demanda colectiva por el hecho de que la “justicia no está llegando donde debe de llegar”.