Basado en cientos de testimonios y pruebas recopilados a lo largo de más de 10 años, el informe pone al descubierto el uso institucionalizado de “cámaras de tortura” por la policía y abusos sistemáticos por parte del Ejército en un país cuya Constitución prohíbe la tortura, pero que aún no ha promulgado legislación que la tipifique como delito.

El informe, que documenta casos recogidos en las visitas de investigadores de AI a comisarías y prisiones, describe con detalle la frecuencia con que se detiene a personas en extensas operaciones “de barrido” y después se las tortura como medida de castigo, de extorsión para conseguir dinero o de obtención de “confesiones” como atajo para “resolver” casos pendientes.

También pone de manifiesto cómo la mayoría de los detenidos son recluidos en régimen de incomunicación, sin posibilidad de contacto con el exterior, incluidos abogados, familiares e instancias judiciales.

“RESPONSABLE DE TORTURAS”

Amnistía Internacional afirma que la tortura “es parte integrante de la actuación policial en Nigeria, hasta tal punto que en muchas comisarías existe el puesto no oficial de ‘responsable de torturas’”, y agrega que, para aplicarla, utilizan una alarmante diversidad de técnicas, que incluyen arrancar uñas o dientes, causar asfixia, aplicar descargas eléctricas o emplear la violencia sexual.

Un caso representativo es el de la joven Abosede, de 24 años, quien contó a Amnistía Internacional cómo los terribles abusos a los que fue sometida por la policía le causaron una lesión permanente: “Una mujer policía me llevó a un cuarto pequeño y me ordenó que me quitara toda la ropa. Me separó las piernas del todo y me roció gas lacrimógeno en la vagina [...] Querían que confesara que era una atracadora [...] Empecé a sangrar [...] todavía hoy tengo dolor en el útero”.

AI señala que el Ejército de Nigeria comete las mismas violaciones de derechos humanos deteniendo a miles de personas en su búsqueda de miembros de Boko Haram. Por ejemplo, Mahmood, de 15 años, fue detenido por soldados junto a otro medio centenar de personas, en su mayoría varones de entre 13 y 19 años, quien, según contó a Amnistía Internacional, estuvo tres semanas privado de libertad mientras soldados le golpeaban reiteradamente con porras, machetes y culatas de fusil, le derramaban plástico derretido sobre su espalda y le obligaban a caminar y rodar sobre botellas rotas y a presenciar ejecuciones extrajudiciales de otros detenidos.

El director de Investigación y Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional, Netsanet Belay, señaló que las pruebas recogidas en el informe van “mucho más allá de las atroces torturas y homicidios de presuntos miembros de Boko Haram”, el grupo terrorista que saltó a la escena internacional el pasado mes de abril con el secuestro de 276 niñas en una escuela de Nigeria.

“El alcance y la gravedad de las torturas infligidas a mujeres, hombres y niños nigerianos en todo el país por las mismas autoridades que se supone que deben protegerlos horrorizan hasta a los observadores de derechos humanos más encallecidos”, añadió.

“NI SIQUIERA ES DELITO”

Belay subrayó que “la tortura ni siquiera es delito en Nigeria” e instó al Parlamento nacional a que dé “este paso largamente postergado” y apruebe una legislación que penalice estas acciones. “No hay excusa para seguir demorándolo”, apuntó.

“Los soldados capturan a cientos de personas en su búsqueda de individuos relacionados con Boko Haram, luego torturan a los sospechosos en un proceso de ‘criba’ que recuerda a las cazas de brujas de la Edad Media”, aseveró.

Belay explicó que “la tortura alcanza estas proporciones en parte porque no se exige rendición de cuentas a nadie, en ningún nivel de la escala de mando” y apostilló que “Nigeria necesita un cambio de planteamiento radical, apartar del servicio a todos los miembros contra los que existan denuncias verosímiles de tortura, investigar exhaustivamente todas esas denuncias y garantizar que los presuntos torturadores comparecen ante un tribunal.”

En la mayoría de los casos de denuncia por tortura contra miembros de las fuerzas de seguridad del Estado nigeriano documentados por Amnistía Internacional no se llevaron a cabo investigaciones adecuadas ni se tomaron medidas para procesar a los presuntos autores.

Amnistía Internacional indica en su informe que cuando se han llevado a cabo investigaciones en el seno de la policía o el ejército, no se han hecho públicas las conclusiones y rara vez se han aplicado las recomendaciones formuladas, y que, de los cientos de casos investigados por esta organización, ni una sola víctima de tortura u otros malos tratos ha sido indemnizada o resarcida de otra manera por el Gobierno nigeriano.