Según anunció el Ejecutivo de Mas a finales de 2013, las preguntas de la consulta del 9-N serían "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y, en caso de respuesta afirmativa, "¿Quiere que este Estado sea independiente?".

A este respecto, Murillo explicó a Servimedia que estas preguntas se situarían fuera de la Carta Magna, aunque defendió que la Ley de Consultas está “muy bien" realizada y “puede ser considerada técnica, formal y legalmente constitucional”. Este profesor explicó que esta norma está redactada a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2008, donde los magistrados establecieron los criterios para un referéndum en España.

Esta sentencia tumbó una ley vasca que pretendía convocar una “consulta popular” para preguntar a sus ciudadanos si querían abrir un proceso de diálogo con ETA e iniciar una negociación sobre el “derecho a decidir del pueblo vasco”.

"RESQUICIOS" DE LA SENTENCIA

Según Murillo, el Ejecutivo de Mas, al redactar la Ley de Consultas, tuvo en cuenta lo que dice esta sentencia del Constitucional de 2008. A juicio de este experto, el Gabinete catalán redactó una ley que busca los "resquicios” legales para intentar realizar la consulta del 9-N.

Uno de estos resquicios, según Murillo, es que la sentencia del Alto Tribunal hablara de que un referéndum debe tener un "cuerpo electoral", algo que se elimina de la Ley de Consultas. A juicio de este catedrático, esto lleva al Gabinete de Mas a plantear que en sus consultas autonómicas puedan votar los mayores de 16 años y aquellos que no habiendo nacido en Cataluña tengan un año o más de residencia en Cataluña.

FALTA DE COMPETENCIAS

Para Murillo, dónde falla técnicamente la Ley de Consultas es en la parte que determina los contenidos sobre los que se puede preguntar. A juicio de este constitucionalista, una comunidad autónoma “no puede plantearse unívocamente un tipo de relación con el resto del Estado”. Esto supone, según su criterio, que si se realizase la consulta del 9-N, se estaría "falseando técnicamente la auténtica realidad”.

Murillo insistió en que la norma aprobada este viernes por el Parlamento catalán “puede ser considerada técnica, formal y legalmente constitucional”, pero el problema puede estar en la convocatoria porque Cataluña carece de competencia para hacer ese tipo de preguntas “por muy genérico que sea y por mucho que se hable de participación política o de opción política”.