En un comunicado, esta organización afirma que el anteproyecto que pretendía aprobar el Gobierno pretendía despojar a las mujeres de su derecho a decidir sobre su maternidad, “llevando a nuestro país a un retroceso de décadas”.

Eso sí, a su juicio, el derecho al aborto sigue estando amenazado, puesto que todavía tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre el encaje en la Constitución de la actual ley de plazos, puesto que el PP presentó un recurso cuando estaba en la oposición.

Por ello, para esta organización, el Gobierno debería ser coherente, escuchar a la opinión pública y retirar su recurso de la ley vigente ante el Constitucional y renunciar a toda reforma en esta materia, que no sea para consolidar y normalizar este derecho.

En su opinión, las reformas que se adopten deberían ir encaminadas a seguir avanzando en que el aborto se desarrolle como prestación sanitaria dentro de la sanidad pública. Además, se debería regular la objeción de conciencia de tal forma que se garantice que se pueda interrumpir un embarazo en todos los centros, y se deberían desarrollar más planes de educación sexual en colegios y centros sanitarios.