Esta declaración se produce en el marco de la causa que investiga el supuesto desvío de fondos de un contrato de 152 millones de euros destinado a equipar a la Policía Nacional de Angola, suscrito por una Unión Temporal de Empresas formada por la compañía pública y la comercial Cueto 92 S.A.

El magistrado también ha citado a declarar como persona jurídica imputada a la comercial Cueto 92, que tenía pendiente designar a su representante.

La pasada semana, Ruz decretó la libertad del expresidente de la empresa Defex S.A. José Ignacio Encinas Charro, que se encontraba en prisión preventiva, tras el pago de una fianza de 50.000 euros.

La Sección Cuarta le impuso el pago de esa fianza al exresponsable de la empresa pública tras decidir estimar su recurso. Ruz decretó prisión incondicional para Encinas el pasado 12 de julio.

El magistrado le impuso comparecencias semanales antes el juzgado, le obligaba a la fijación de domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición absoluta de abandonar el territorio nacional.

Además, la Sección Cuarta confirmó la decisión del juez Ruz de imponer una fianza de 200.000 euros a Iciar de Yraola Lachiondo, esposa del que fuera consejero delegado de la compañía Juan Carlos Cueto.

Tras levantar el secreto de sumario, el magistrado imputó a Defex, como persona jurídica, delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

PAESA

En julio, Ruz mandó a la cárcel a cuatro personas, además de Encinas. Entre ellas estaba Beatriz García Paesa, sobrina del excolaborador del Ministerio del Interior y espía Francisco Paesa.

En el auto en el que decretaba las prisiones, el juez explicaba que la UTE Cueto-Defex transfirió a un banco de Luxemburgo 41,4 millones de euros sin razón comercial o actividad mercantil aparente alguna. Los imputados "confeccionaron de forma aparentemente inveraz facturas y adendas a los contratos que permitiesen justificar tales desvíos de fondos al extranjero". Como beneficiarios últimos del dinero figuran los propios acusados y familiares de funcionarios públicos de la República de Angola.

El magistrado ve indicios de que los directivos de Defex y Cueto imputados se concertaron con funcionarios angoleños para, a través del contrato de suministro de material a la Policía, llevar a cabo una apropiación patrimonial ocultada, desviada al extranjero mediante un complejo entramado societario desde paraísos fiscales.