Estos inversores aseguran que tanto los gobiernos europeos como el estadounidense tienen una gran oportunidad para poner en marcha un marco normativo que asegure la transparencia sobre el uso de este tipo de materiales y promueva la “debida diligencia”.

Pretenden de esta forma establecer una norma única con carácter internacional, de manera que haya una armonización, al igual que ocurre con el concepto de pago país por país para el sector extractivo.

Los firmantes recuerdan como el propio Parlamento Europeo aprobó una resolución el pasado mes de febrero para promover las prácticas empresariales responsables y en donde se hacía mención a la necesidad de armonización con la sección 1502 de la mencionada ley norteamericana.

Para los inversores, este tipo de información es “fundamental” para la evaluación de la gestión de riesgos corporativos y necesaria a la hora de adoptar decisiones de inversión en diversos sectores.

Así, reclaman una normativa “fuerte”, por lo que el futuro marco europeo de información sobre minerales procedentes de zonas de conflicto debería, a su juicio, tener un carácter obligatorio, y además afectar a cualquier empresa europea que fabrique o contrate productos manufacturados que contengan oro, tungsteno, talánto o estaño para su funcionamiento o producción.

Entre los firmantes, que gestionan 855.000 millones de euros en valores, figuran Aviva Investors, Eurosif, Hermes Investment Management, Trillium Asset Management, Walden Asset Management, Calvert Investment, Candriam Investors Group, entre otros.