Así lo desvela el capítulo ‘Pobreza y territorio: Comunidades Autónomas y Unión Europea’, del XVI Informe El Estado de la Pobreza, publicado este jueves por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y según el cual la Comunidad de Madrid registra el mayor porcentaje de población en situación de sobreesfuerzo residencial, es decir, que destina más del 40% de sus ingresos a los gastos de vivienda, un 9,9%, frente al 7,2% de media estatal, según precisó la red en un comunicado.

Las dificultades para acceder y mantener una vivienda afectan especialmente a los hogares con menos ingresos y, en 2025, más de la mitad de las personas en pobreza que vivían de alquiler a precio de mercado (56,0%) tenían un gasto elevado, tal y como refleja el estudio, publicado coincidiendo con la conmemoración, este viernes, del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Según la red, el encarecimiento de la vivienda presenta, además, “importantes diferencias territoriales”, dado que, desde 2015, el precio de compraventa ha aumentado un 79,9% de media en España, con incrementos “especialmente elevados” en la Comunidad de Madrid (99,5%) y las Islas Baleares (95,1%), donde los precios prácticamente se han duplicado en diez años.

En este contexto, EAPN-ES insistió en la necesidad de “reforzar” las políticas públicas de vivienda, ampliar el parque de vivienda pública en alquiler social y garantizar que el acceso a este derecho “no dependa de la capacidad económica ni del lugar de residencia”.

LUGAR DE RESIDENCIA

El lugar de residencia continúa siendo un “factor determinante” en el riesgo de pobreza y exclusión social en España (tasa Arope) y la desigualdad entre comunidades autónomas, si bien ha experimentado un “ligero pero continuo” proceso de reducción desde que en 2016 alcanzara su máximo histórico (32,5 puntos), mantiene una brecha territorial de hasta 20 puntos porcentuales de diferencia entre comunidades autónomas, con tasas de pobreza y exclusión que, de forma estructural, presentan peores resultados en el sur que en el norte del país.

A estas diferencias se suman las dificultades de acceso y mantenimiento de la vivienda, que también afectan a territorios con tasas de pobreza inferiores a la media estatal.

Las desigualdades territoriales responden a múltiples factores, entre los que tienen un “papel central” las políticas públicas que se implementan en cada comunidad autónoma.

Según los últimos datos del Informe, correspondientes a 2025, el 25,7% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa Arope), lo que equivale a 12,6 millones de personas. El indicador se mantiene estable respecto al año anterior y confirma la persistencia de una situación estructural, ya que en los últimos 15 años, la tasa Arope no ha logrado situarse por debajo del 25% de la población.

POR REGIONES

Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34,0%) y la Región de Murcia (32,5%) las comunidades que, un año más, registran mayores porcentajes de población en riesgo de pobreza y/o exclusión social, mientras que País Vasco (14,7%), Islas Baleares (15,2%) y Navarra (16,5%) logran los más bajos.

En total, son seis las comunidades autónomas que se sitúan por encima de la media estatal, como son Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana y Extremadura.

La tasa de pobreza, que afecta al 19,5% de la población española (9,6 millones de personas), alcanza el 27,7% en Andalucía y el 26,7% en Murcia, frente al 9,3% de País Vasco o el 11,6% de Islas Baleares.

La Comunidad de Madrid registra una tasa Arope del 19,4%, una de las más bajas del país, pero se encuentra entre las comunidades con mayor desigualdad de rentas: el 20% de la población más rica concentra más de cinco veces los ingresos del 20% más pobre.

EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

En paralelo, EAPN-ES reclama políticas de empleo que garanticen salarios suficientes, estabilidad laboral y condiciones de trabajo dignas, junto con mecanismos de protección que permitan combatir la pobreza entre las personas ocupadas

En este sentido, una de las principales conclusiones del estudio es la importancia del papel redistribuidor del Estado y de las políticas de protección social y que, en 2025, las transferencias públicas, incluidas las pensiones, permitieron reducir la tasa de pobreza del 41,9% al 19,5%, evitando que alrededor de 11 millones de personas se encontraran en situación de pobreza.

Según los últimos datos de la Airef recogidos en el Informe, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) presenta una tasa de no percepción del 55,0% a nivel estatal, lo que significa que más de la mitad de las personas potencialmente beneficiarias no reciben la prestación. Baleares (67,2%) y Cataluña (66,5%) registran las tasas más elevadas de no percepción del IMV, mientras que Asturias (45,0%) y Andalucía (47,5%) presentan las más bajas.

UE

España continúa por encima de la media comunitaria en los principales indicadores de pobreza, exclusión social y desigualdad y, en concreto, la tasa Arope española (25,7%) supera en 4,8 puntos porcentuales la media de la Unión (20,9%), lo que sitúa a España como el quinto país de la UE con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza y/o exclusión social, solo por detrás de Bulgaria, Grecia, Rumanía y Lituania.

La diferencia también se mantiene en la tasa de pobreza, que alcanza el 19,5% en España, frente al 16,3% de media europea.

Además, España vuelve a registrar la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea, con un 28,4% de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza, más de 2,2 millones de personas. Esta cifra supera en 8,8 puntos porcentuales la media europea, situada en el 19,6%.

ELECCIONES

Para la red, las elecciones generales representan una “oportunidad” para situar la erradicación de la pobreza “en el centro de la agenda política” y llamó a las fuerzas políticas a transformar el amplio consenso social existente en torno a la lucha contra la pobreza en “compromisos concretos, ambiciosos y sostenidos en el tiempo” mediante un Pacto de Estado contra la Pobreza.

Bajo el lema ‘Una mayoría absoluta contra la pobreza’, la Red reivindica que la erradicación de la pobreza sea “una prioridad compartida y ocupe un lugar central tanto en los programas electorales como en la acción del futuro Gobierno”.