El delito se produjo por el caso omiso que los imputados Bonifacio de Santiago Prieto, que también se enfrenta al delito de desobediencia, Francisco Javier Espadas López Terradas, José Luis Álvarez de Francisco, Pedro Núñez Morgades, Gemma Matamoros Martínez, Juan José Ruiz Fernández y Antonio Garde Fernández Fontecha, concejales con derecho a voto de la citada corporación municipal, hicieron de la sentencia de 2004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que les obligaba a anular el acuerdo por el cual se cedió en 1998 una parcela de 120.000 metros cuadrados y 18.000 metros de edificabilidad a la Real Federación Española de Fútbol, por tratarse de bienes que en consecuencia no podían ser objeto de tráfico jurídico-privado.

La resolución recoge un relato pormenorizado de los hechos que dan pie a la querella y que se remontan al año 2008, cuando Bonifacio de Santiago Prieto, como alcalde, da traslado a la Sala de las medidas adoptadas para cumplir la sentencia, que en absoluto se ajustan a lo exigido por el tribunal.

Por eso, la Sala le requiere para que proceda a la verdadera ejecución, recordándole el uso público del suelo objeto de la donación anulada y apercibiéndole de que se abstenga de realizar cualquier otro acto de gravamen que introduzca en el uso, posesión o disfrute de la finca donada a terceras personas, prohibiendo y no consintiendo el uso privativo por terceros de las instalaciones de la ciudad del fútbol.

Pese a esta advertencia, en diciembre de 2008 la Junta Municipal acuerda prorrogar la autorización provisional a la Real Federación Española de Fútbol hasta junio de 2009, y en junio de ese año, tras alcanzar firmeza la sentencia, la Sala de lo Contencioso del TSJ de Madrid responsabiliza personalmente al alcalde de la ejecución de la sentencia.

A partir de ese momento, le concede un plazo improrrogable de 60 días para iniciar los trámites, con apercibimiento de multa y de dar traslado al Ministerio Fiscal por un posible delito de desobediencia.

Ese mismo mes, la Junta Municipal prorroga nuevamente la autorización provisional a la Real Federación Española de Fútbol, haciendo caso omiso al tribunal, y en junio de 2013 la Sección de Ejecuciones y Extensiones de Efectos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al no tener constancia de que se ha ejecutado la sentencia, ni de que se haya llevado a cabo la concesión conforme a derecho, deduce testimonio por los posibles delitos de desobediencia y prevaricación, y da traslado a la Fiscalía haciendo constar que la concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento de Las Rozas en junio de 2008 pretende burlar lo ordenado en sentencia y la normativa reguladora de la concesión administrativa.

“Los imputados”, dice el auto, “actuaron con desprecio a las decisiones llevadas a cabo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, pasando por encima de la ley, con la finalidad de seguir beneficiando a la Real Federación Española de Fútbol”.

La magistrada da diez días al Ministerio Fiscal para que solicite la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.