El portavoz de la CEP, José Canales, afirmó, en declaraciones a Servimedia, que “nos preocupa que no se tuviera en cuenta por parte de la Comisión Antiviolencia el aviso de la policía de La Coruña”. Además, destacó que “estamos hartos de que estos grupos, sean de la ideología que sean, actúen a su libre albedrío”.

Del mismo modo, Canales recordó que “el fútbol es para divertirse, no para organizar peleas”, por lo que exhortó a todos los estamentos implicados, “desde las administraciones hasta los clubes”, a “unir sus fuerzas y tomar todas las medidas que sean necesarias para erradicar la violencia del deporte”.

Por su parte, el portavoz de la UFP, Serafín Giraldo Pérez, en declaraciones a Servimedia, hizo un llamamiento a la prudencia antes de “valorar con contundencia” la decisión de la Comisión Antiviolencia, un órgano, explicó, que antes de declarar un partido de “alto riesgo” analiza los antecedentes, el carácter violento de los aficionados o el aforo del estadio. A pesar de ello, reconoció que “todo hace indicar que la decisión tomada no fue la correcta”.

PROBLEMA ENQUISTADO

En ese sentido, Giraldo Pérez denunció que el problema con los aficionados radicales de los equipos de fútbol “no es de hoy”, ya que “es habitual escuchar en los graderíos todo tipo de insultos, injurias, amenazas y expresiones racistas. El problema ya existía. La muerte de este aficionado ha sido el desencadenante”.

Por último, el portavoz del SUP, Javier Estévez, subrayó, en declaraciones a Servimedia, que “el problema consiste en saber dónde se pierde la información que la policía de La Coruña proporcionó a la Comisión Antiviolencia para que desde el Gobierno se afirme que esa información no llegó”.

A su vez, Estévez alentó a que, a tenor de los hechos, “los clubes y los aficionados asuman conciencia social y denuncien las actividades de los hinchas radicales”, con el objetivo de facilitar la labor de la Policía en esta materia.