En una comparecencia ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, Hernández señaló que la accesibilidad “afecta a todos los ciudadanos”, sean personas con discapacidad, mujeres embarazadas o quienes empujan el carrito de un bebé, no entiendan el idioma en un país extranjero o tengan una lesión que limita temporalmente su movilidad.

En este sentido, indicó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2011 había 1.000 millones de personas con discapacidad en todo el planeta y se prevé que 2.000 millones de personas mayores de 65 años habiten en el mundo en 2050.

Hernández explicó a los diputados las líneas principales de un estudio elaborado en 2011 por el Observatorio de la Accesibilidad Universal en los Municipios Españoles, de la Fundación ONCE, que evalúa el grado de accesibilidad de las áreas urbanas, los edificios y los transportes en 70 municipios.

Este estudio concluye que existen diversas rupturas en la cadena de accesibilidad en los entornos urbanos, es decir, no basta que haya rebajes en las aceras para las personas en silla de ruedas, sino que estos individuos puedan llegar a cualquier destino que se propongan.

Así, el estudio incluye deficiencias en el pavimento que aumentan el riesgo de caídas, la existencia de pendientes en aceras, pasos de peatones que acaban en paredes de edificios y un alto porcentaje de semáforos sin avisador acústico (67,6%) y de escaleras sin elementos señalizadores, pasamanos o barandillas (90%).

“ERRORES DEL PASADO”

Además, Hernández apuntó que hay conductores que invaden las aceras o aparcan en vados y que “en todas nuestras ciudades, en general, se señaliza mal”, lo que genera dificultades de seguridad para los ciudadanos.

Hernández comentó que, según el estudio, casi un 30% de los autobuses no tienen plataforma de piso bajo o rampa de acceso para las personas con movilidad reducida y muchas marquesinas carecen de asientos o no son accesibles.

No obstante, Hernández indicó que España está mejor situada respecto al resto de países europeos en materia de accesibilidad, si bien añadió que “aún queda mucho por hacer”.

A este respecto, comentó que la Fundación ONCE, a través de un convenio con el Imserso, ha colaborado en los últimos años en “subsanar los errores cometidos en el pasado y crear una cultura de la accesibilidad”, si bien reclamó que los técnicos municipales tengan más formación en este área.