A través de un auto al que ha tenido acceso Servimedia, el juez cita a declarar para el próximo 4 de febrero a las 10.30 horas a Russi Batliwala, el responsable legal en Alemania de Chapman Freeborn, la empresa británica subcontratada por la OTAN para alquilar el Yak-42.

Fuentes jurídicas destacaron que esta es la primera diligencia de investigación importante que el juez Grande-Marlaska dicta desde hace cerca de un año y medio, periodo en el que el caso ha estado prácticamente paralizado. Esta nueva citación había sido solicitada por los abogados de la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía del Yak-42 (Afaty).

Batliwala -máximo responsable de la oficina en Frankfurt (Alemania) de la compañía Chapman Freeborn- se ha negado hasta en dos ocasiones a acudir a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante Grande-Marlaska, a pesar de haber sido formalmente citado por el juez en ambas ocasiones.

En esta ocasión, el magistrado ha decidido aprovechar la circunstancia de que Batliwala deberá declarar como testigo en el juicio civil que se celebrará la próxima semana en Zaragoza contra las compañías aéreas que intervinieron en la contratación del Yak-42.

Para que el responsable de Chapman Freeborn en Alemania no vuelva a eludir los requerimientos de la Audiencia Nacional, Grande-Marlaska ha decidido enviar la citación de Batliwala directamente al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, órgano que celebrará el juicio civil.

CÚPULA MILITAR

En esta causa están imputados los cinco máximos responsables de la cúpula militar en 2003, a los que se acusa de 62 homicidios por imprudencia grave por su participación en la contratación del Yak-42.

En concreto, están imputados el ex jefe del Estado Mayor de Defensa (Jemad), almirante general Antonio Moreno Barberá, y el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), el general de división Juan Luis Ibarreta.

Dentro de la División de Operaciones del Emacon, también se encuentran imputados en la causa el contralmirante José Antonio Martínez, el coronel Joaquín Yáñez y el comandante Alfonso Elías Lorenzo.

CONTRADICCIONES

Moreno e Ibarreta negaron en su declaración ante Grande-Marlaska, que tuvo lugar el 23 de junio de 2008, que la cúpula militar o el Ministerio de Defensa hubiese recibido ninguna queja sobre los aviones que se utilizaban para el transporte de las tropas antes del accidente del Yak-42. Los dos militares señalaron que, por lo tanto, "no existían motivos" para dudar de la seguridad de los vuelos.

Sin embargo, muchos militares y civiles, entre los que se encuentra el presidente del Congreso y ex ministro de Defensa, José Bono, han afirmado ante el juez que las quejas eran conocidas por la cúpula militar y por el departamento que entonces dirigía Federico Trillo.

En su declaración como testigo, que tuvo lugar el 14 de abril de 2008, Bono aseguró que antes del siniestro del Yak-42 existían al menos 18 quejas sobre las deficiencias de los vuelos, y afirmó que al menos una de estas denuncias, en concreto una elaborada por el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (Ciset), llegó vía fax al gabinete Trillo.

Por su parte, Martínez, Yáñez y Elías Lorenzo explicaron al juez que la participación española en la guerra de Iraq, el despliegue de tropas en Afganistán y las operaciones llevadas a cabo tras la catástrofe del buque "Prestige" frente a las costas de Galicia provocaron que el Ejército tuviese "limitaciones técnicas y presupuestarias" que pudieron tener cierta incidencia en el accidente de Turquía.

La otra causa que se seguía en la Audiencia Nacional por el accidente del Yak-42, en concreto la que investigaba el error en las identificaciones de 30 de las 62 víctimas, ya fue llevada a juicio. La Sala e lo Penal condenó a tres años de cárcel al jefe de la delegación española enviada al lugar del accidente, el general Vicente Navarro, y a un año y medio de prisión a sus dos subordinados, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez.