Ambos sindicatos recalcaron que esta subordinación de los agentes forestales en la investigación de posibles delitos de incendios forestales, urbanísticos o ambientales supone “una merma de su capacidad y un enorme perjuicio a la protección de los recursos naturales y al esclarecimiento y persecución de los delitos ecológicos”.

Además, destacaron que esta situación es contraria a la eficiencia y optimización de los recursos de las administraciones públicas, ya que, según añadieron, los agentes forestales son un colectivo “perfectamente preparado y capacitado”.

Ambos sindicatos, que comenzarán este martes una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para sugerir sus enmiendas al proyecto, defendieron “la eficacia de los agentes forestales” y criticaron que muchos de los cambios planteados “parecen pensados para favorecer a ciertos intereses sectoriales y empresariales”.

Por último, UGT y CCOO señalaron que la norma puede “poner en peligro” el aprovechamiento tradicional de montes vecinales por la irrupción de sociedades mercantiles para la explotación de los recursos forestales.