Los técnicos consideran un “evidente error de planteamiento” tanto la exención como la opción económica aceptada por la Fiscalía puesto que la Fiscalía Anticorrupción se aparta del criterio de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la financiación de los partidos políticos, que concluía que “solo quedan exentas las donaciones privadas que cumplan con el criterio de transparencia legalmente marcado, estando por el contrario sujetas a tributación las donaciones que no se adecuen a los requisitos de forma y cuantía establecidos por la ley”.

Además, Gestha considera "incorrectas" las conclusiones de los informes de la Agencia Tributaria del 25 de septiembre de 2013, 17 de octubre de 2014 y 12 de marzo de 2015, en los que "parece olvidar que el interesado debe probar que cumple todos los requisitos exigidos para disfrutar de un beneficio fiscal total, como es una exención para no tributar".

En este sentido, recuerdan que recibir una donación ilegal constituye una infracción muy grave a la Ley de Financiación de Partidos Políticos, por lo que esta infracción impide gozar de un beneficio fiscal y, además, mantener esa exención estaría en contra del criterio seguido hasta ahora por la AEAT, la Dirección General de Tributos (DGT), los Tribunales Económico-Administrativos y el Tribunal Supremo. Todos ellos rechazan la posibilidad de que se puedan deducir gastos delictivos o radicalmente prohibidos por el ordenamiento jurídico, impidiendo deducir en el Impuesto sobre Sociedades las cantidades pagadas presuntamente de forma ilícita a funcionarios públicos extranjeros.

HIPÓTESIS "CLARAMENTE ERRÓNEA"

Asimismo, Gestha señala que la opción económica del cálculo del Impuesto sobre Sociedades que esgrime la Fiscalía en su escrito parte de una hipótesis “claramente errónea”, dado que los partidos políticos “no necesitan incurrir en gastos para obtener o no donaciones”. A esto se añade que “no se pueden admitir gastos estimados en 778.148,01 euros porque no existen facturas, ni están contabilizados", tal y como contestó la DGT el 28 de abril de 2014 a una consulta vinculante formulada por UPyD sobre financiación de los partidos políticos.

OMITE UN INFORME

De igual forma, aunque los papeles de Bárcenas determinan que en 2008 el PP recibió 1.055.000 euros en donaciones ilegales, la conclusión del informe del perito de la AEAT del pasado 17 de marzo “que omite la Fiscalía” se centra únicamente en 888.000 euros con los que en 2008 se pagó en 'B' una parte de las obras de reforma de la sede de la Calle Génova de Madrid. Por tanto, de estos ingresos de 888.000 euros se podrían deducir fiscalmente gastos con los requisitos legales, pero “en ningún caso las inversiones realizadas”.

Por último, los técnicos detallan que en un asunto penal el Impuesto sobre Sociedades debe calcularse con criterios exclusivamente jurídicos, y no económicos, como de hecho reconoce el perito de la AEAT que concluye que, “de acuerdo con las consideraciones y cálculos de este Informe, con las limitaciones derivadas de la urgencia de su emisión, la cuota dejada de ingresar por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2008 del Partido Popular ascendería a 220.167,04 euros.”

Por ello, los técnicos respaldan la “valiente conclusión” del informe de 17 de marzo del perito de la AEAT de Zaragoza el cual dispuso solo de dos días para realizarlo debido a la inicial negativa de la directora de la ONIF a facilitar el auxilio al juez Ruz.

Precisamente, por este motivo, Gestha considera “muy contraproducente” la instrucción aprobada el 4 de octubre de 2013 por el director de la AEAT, Santiago Menéndez, por la que recaba para sí el nombramiento de peritos en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y establece la nueva figura del “coordinador del auxilio”, en este caso la directora de la ONIF. A su juicio, “podría limitar la independencia de los funcionarios que deban auxiliar a los juzgados y tribunales”.