Éste es uno de los seis acuerdos adoptados por la Comisión Antiviolencia, que aplazó las posibles propuestas de sanción hasta que disponga de toda la información necesaria sobre esos hechos ocurridos antes de la celebración de la final de la Copa del Rey.

Los secretarios de Estado para el Deporte y de Seguridad, Miguel Cardenal y Francisco Martínez, respectivamente, informaron a los periodistas de estos acuerdos en una rueda de prensa conjunta en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), en Madrid.

A la reunión, que se prolongó durante unas tres horas repartidas en dos fases, asistieron, entre otros, Cardenal, Martínez; Ana Muñoz, directora general de Deportes; Vicente Temprado y Kepa Larumbe, presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino y director de la Asesoría Jurídica de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), respectivamente, y Alfredo Lorenzo, director de Seguridad de la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Martínez indicó que la Comisión Antiviolencia condenó “enérgicamente” por unanimidad “los pitidos, ofensas verbales y gestuales realizadas durante la interpretación del himno nacional, así como la utilización de un espectáculo deportivo de manera premeditada, organizada y colectiva, como escenario para la ofensa intolerante contra los sentimientos de millones de españoles y aficionados al fútbol”.

Además, la Comisión hizo un llamamiento a “todas las autoridades públicas” para que “sean ejemplo ante los ciudadanos” del respeto a las convicciones de otros, a las instituciones y a los símbolos constitucionales. “El insulto, el menosprecio o la vejación son tan injustificables como inadmisibles”, añadió.

Cardenal indicó que la Carta Olímpica prohíbe cualquier tipo de símbolos con reivindicaciones políticas y que la UEFA dispone en su reglamento disciplinario que los partidos de fútbol “no deben ser utilizados como foros de propaganda ideológica”.

La Comisión Antiviolencia recalcó que tuvo conocimiento de “la organización premeditada y notoria” de la pitada al himno español por parte de diversas entidades, de la introducción de “objetos prohibidos y peligrosos en los espectáculos deportivos, de la exhibición y no retirada de pancartas prohibidas y de la existencia de deficiencias en los controles de acceso y separación de aficiones”.

LOS ACUERDOS

Por todo ello, adoptó seis acuerdos. En cuanto a los relacionados con la seguridad, Antiviolencia solicitó recabar información policial y abrir expediente informativo a las personas físicas y/o jurídicas o entidades “que hayan promovido, inducido, colaborado, auxiliado o facilitado medios materiales o de cualquier otra índole” para promover la pitada, en especial a las entidades firmantes del ‘Manifiesto por la pitada al himno español y al rey Felipe de Borbón’.

Esas entidades son Catalunya Acció, Sobirania i Progrés, Cadci, Plataforma pel Dret a Decidir, International Commission of European Citizens, Fundació President Macià, Ara o Mai!, Catalunya diu Prou, Casal per la Llibertat i la Independència de Catalunya, Societat Catalana de Lliure Opinió, Moviment de Cultura Popular ‘El Sotrac’ y Units per Declarar la Independència de Catalunya.

Remitir a la Fiscalía General del Estado la documentación e informaciones policiales para evaluar la trascendencia penal de algunos de los hechos de la Copa del Rey y solicitar a los responsables de seguridad de la Generalitat de Cataluña las actas del coordinador de seguridad responsable del encuentro e información sobre los criterios para la determinación de las ubicaciones de las zonas especiales para las hinchadas de los equipos son otros de los acuerdos adoptados en materia de seguridad.

En cuanto a los acuerdos deportivos, Antiviolencia concedió cinco días de plazo a la RFEF (organizadora de la Copa del Rey), el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao para que comuniquen “las medidas adoptadas a fin de prevenir o minimizar conductas ilícitas que eran previsibles”, así como pedir información a la Real Federación Española de Fútbol de qué mecanismos de gestión empleó para la organización del partido.

Información adicional sobre el acta arbitral, el acta del coordinador de seguridad que debe obrar en poder de la RFEF y las razones por las que el delegado informador del partido no elaboró un acta son otras peticiones acordadas por la Comisión Antiviolencia desde el punto de vista deportivo.