El texto, que modifica la vigente Ley de Montes de 2003, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 19 de enero con el fin de mejorar la gestión para contribuir a la conservación de la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales, la lucha contra el cambio climático y el aprovechamiento de sus recursos, así como facilitar la caza con una única licencia en varias comunidades autonómicas.

Entonces, Ecologistas en Acción y WWF advirtieron de que el proyecto de ley abría la posibilidad a construir en zonas incendiadas, algo que la ley de 2003 prohíbe por un tiempo de 30 años, e incluía cambios que suponían un retroceso en la gestión forestal de los montes.

El proyecto normativo comenzó su andadura parlamentaria el pasado 16 de abril, cuando decenas de personas, entre agentes forestales, sindicalistas, ecologistas y representantes de los partidos de la oposición, se concentraron frente al Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo a la norma.

Las críticas se centraban en que el texto abría la puerta a la recalificación de terrenos quemados antes de 30 años y a que supeditaba el trabajo de los agentes forestales sobre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos del Estado, singularmente los agentes del Seprona, lo que suponía la “privatización encubierta” de la vigilancia de los montes.

El texto llegó después al Senado, que únicamente aprobó dos enmiendas del PP y lo devolvió al Congreso con pequeñas mejoras técnicas. Estas modificaciones de la Cámara Alta se votaron este miércoles en la Cámara Baja con el visto bueno y suficiente de los diputados populares.

La principal novedad en la recta final de su tramitación parlamentaria es que, ante la prohibición general de que se cambie el uso forestal de un terreno incendiado durante 30 años, se incluye como excepción que una ley estatal determinará la necesidad de que las comunidades autónomas puedan acordar el cambio de uso forestal cuando concurran “razones imperiosas de interés público de primer orden”, salvo en los casos de montes catalogados.

Además, la ley incluye las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura, criticado por varios portavoces de la oposición, de manera que los niveles mensuales de trasvase de agua desde los embalses de la cabecera del Tajo (en Entrepeñas y Buendía) hacia las cuencas del Segura y del Guadiana son de un máximo anual total de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).

OPOSICIÓN

Ninguno de los portavoces de la oposición defendió hoy el proyecto de ley. Así, Laura Seara, del PSOE, afirmó que es “un ataque a los recursos naturales y forestales”, supone “un atajo” hacia la defensa de intereses particulares, abre la puerta a la privatización de los montes de utilidad pública y posibilita la recalificación de terrenos después de los incendios. “La especulación con los terrenos quemados está servida”, apuntó.

Martí Barberà, de CiU, destacó que la tramitación parlamentaria ha “corregido la injusticia” de recortar competencias a los agentes forestales y potencia la planificación como herramienta básica para una gestión forestal sostenible de los montes, pero denunció la invasión competencial que supone que una ley estatal determine la necesidad del cambio de uso forestal de un monte quemado.

Josep Pérez, de La Izquierda Plural, recalcó que el proyecto de ley “no incorpora ninguna mejora” en cuanto a la protección de la biodiversidad de los montes, además de que “invade competencias autonómicas de leyes sectoriales, supone un grave retroceso en la necesaria planificación y gestión forestal, y permite la recalifcaicón de zonas forestales incendiadas”.

Julio Lleonart, de UPyD, fue muy breve para criticar irónicamente el “arduo trabajo” realizado por el Senado con la reforma de la Ley de Montes, plasmado en “dos enmiendas, tres mínimas correcciones, tres correcciones gramaticales, un cambio ortográfico, un cambio de numeración y un cambio de estilo”, con lo que es “el departamento de corrección ortográfica y gramatical más caro del mundo”, con un presupuesto de 52 millones de euros. "Cierren el Senado", reclamó.

Maite Ariztegui, de Bildu, censuró el “grave retroceso para la ciudadanía y el patrimonio medioambiental” de la ley, y Teresa Jordá, de ERC, denunció que el texto abre la puerta a que “los incendios de los bosques sean rentables para los especuladores”.

Todos estos argumentos fueron rebatidos por el portavoz del PP, Manuel Luis Torres, quien aseguró que los que le precedieron en el uso de la palabra no se habían leído el texto. “No se recalifican los terrenos incendiados con fines urbanísticos, no se degrada a los agentes forestales y no se suprimen los planes de ordenación de los montes”, concluyó.