En un comunicado, Facua explica que la propuesta del Ejecutivo limita el acceso del consumidor al sistema de arbitraje al establecer, y permitir por ley, que se fije un precio para acceder a él de hasta un máximo de 30 euros.

Por ello, considera “escandaloso” que sea el consumidor quien tenga que asumir el coste de un conflicto generado por abusos del sistema empresarial, porque se limitarán derechos básicos de los consumidores en beneficio del sector empresarial.

A este respecto, destaca que, hasta ahora, en España el sistema arbitral de consumo se ha caracterizado por ser gratuito, público, imparcial e independiente.

Facua rechaza, además, que el anteproyecto incluya la posibilidad de que el sistema de arbitraje niegue una reclamación según el valor de la pretensión económica, lo que provocaría que sólo se pudieran reclamar cuantías en una horquilla entre 50 y 3.000 euros.

“El Gobierno parece olvidar que los consumidores son la parte más débil del mercado y que las reclamaciones en materia de consumo son por lo general de cuantías bajas y que también pueden darse reclamaciones que no tengan una pretensión económica”, indica.

Además, considera “inadmisible” que la norma permita a las empresas crear sus propios sistemas de mediación y arbitraje, dado que en situaciones de conflicto con los consumidores serán juez y parte, lo que generará un fuerte desequilibrio entre ambos.