En la iniciativa, la diputada Silvia Oñate afirma que “las mujeres que interponen denuncia por violencia de género e inician un procedimiento judicial siguen siendo victimizadas, acosadas y coaccionadas por sus agresores, ya que éstos, después de haber sido denunciados e incluso condenados, utilizan los procedimientos judiciales como instrumento para continuar con el maltrato”.

Un ejemplo de esta realidad se concreta, según el PSOE, en las llamadas “denuncias cruzadas”: mujeres que han sufrido violencia de género y se ven doblemente victimizadas como consecuencia de las denuncias de sus agresores, que buscan con este uso perverso de los procedimientos judiciales “la no comparecencia de la mujer en el juicio y, en consecuencia, la absolución del agresor”.

“Las renuncias a continuar con el procedimiento judicial acogiéndose las mujeres víctimas a la dispensa de la obligación de declarar del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con los problemas de prueba derivados de la misma, continúan siendo una de las dificultades en la persecución y punición de este fenómeno violento”, apunta la diputada socialista, que también subraya otras cuestiones preocupantes, como “el continuado aumento de los sobreseimientos provisionales”, o “el descenso de las órdenes de protección concedidas o en el porcentaje de sentencias condenatorias”.

Por ello, la iniciativa socialista reclama al Gobierno que, en colaboración con el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, “adopte las medidas que permitan identificar los obstáculos que están impidiendo una lucha eficaz contra la violencia de género, especialmente en lo que se refiere a las denuncias cruzadas”.

Los socialistas piden que se realice un estudio anual que analice desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo las sentencias absolutorias, condenatorias y sobreseimientos a que están dando lugar estas denuncias.

Los resultados de este estudio deberán ser puestos a disposición de todos los profesionales que intervienen en la lucha contra la violencia de género, “para avanzar en el conocimiento de este fenómeno violento y en su necesaria especialización, para mejorar la eficiencia en la persecución y punición del agresor, así como para prestar una mejor atención a las víctimas”.