Estas organizaciones solicitan a las autoridades centrales y autonómicas representadas en el Consejo Interterritorial que "debatan y adopten acuerdos sobre la urgencia de poner en práctica las recomendaciones emitidas por más de una decena de mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y el Consejo de Europa, que han instado al Gobierno español a asegurar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas que viven en España".

Además, a la puerta del Ministerio, activistas de estas asociaciones entregarán botiquines -que contienen el listado de recomendaciones internacionales- al ministro y a los epresentantes de las Consejerías de sanidad autonómicas participantes en la reunión.

En las últimas semanas, tres autonomías -Cantabria, Comunidad Valenciana y Baleares- han anunciado la extensión de la tarjeta sanitaria a todas aquellas personas empadronadas en sus territorios. Se suman así a otras comunidades que han adoptado medidas para garantizar el acceso de personas migrantes a la atención sanitaria, como Asturias, Andalucía, Euskadi y Navarra.