La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo que esta medida es "acorde" a la legislación de la Unión Europea, a la espera de que Bruselas se pronuncie sobre la adecuación de esta iniciativa a las normas comunitarias en materia de competencia.

De hecho, el Ejecutivo sostiene que "el mecanismo aprobado no distorsiona la competencia, porque es posterior a la formación del precio y minimiza el impacto medioambiental al sustituir aquellas plantas que más contaminan por las plantas de carbón autóctono".

En todo caso, De la Vega apuntó que aprobar el decreto "no supone que se ponga en marcha de forma inmediata, sino que tiene un periodo de adaptación".

En "ese periodo de adaptación tendremos una respuesta por parte de la Comisión Europea", que el Gobierno cree que será "acorde", insistió la vicepresidenta.

El Gobierno justifica la necesidad de esta medida en la caída de la demanda eléctrica y la condición de "isla energética" de España, que le impide la quema del carbón autóctono. Como consecuencia, el mantenimiento de "la única fuente de combustible ampliamente disponible en España", el carbón, está "en riesgo".

Según la actual normativa, el Gobierno puede establecer los procedimientos para conseguir el funcionamiento de aquellas unidades de producción de energía eléctrica que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas (como el carbón), hasta un límite del 15% de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad demandada por el mercado nacional, adoptando las medidas necesarias para evitar la alteración del precio de mercado.

Para la aplicación de este mecanismo, el Gobierno ha previsto que la Comisión Nacional de Energía supervise los valores de emisión de cada una de las instalaciones térmicas de producción, comunicados por los sujetos titulares de las mismas, como paso previo a la utilización de estos valores por parte del operador del sistema.

Por otro lado, con el objeto de permitir el desarrollo de esta iniciativa, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se prorroga el almacenamiento estratégico temporal de carbón autóctono gestionado por Hunosa, creado el 31 de julio de 2009.