Esta fue una de las cuestiones más debatidas este jueves en la comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, del secretario general de Sanidad, que concretó que de los 900.000 usuarios expulsados del sistema sanitario, 247.000 volvieron a tener tarjeta sanitaria y el resto “no se preocuparon” en recuperarla, “porque muchos para bien o para mal abandonaron este país”.

Moreno defendió también que los 1.000 millones que pagaba España por una asistencia “que no le correspondía” “no hay sistema que lo aguante”. Además, recordó que España estuvo a punto de ser condenada por la UE porque “alguna comunidad autónoma” como Valencia y Andalucía se negaron a dar tarjetas “a determinados ciudadanos europeos”, por lo que España “tendría que pagar una multa diaria” y sufriría “la paralización de todos los fondos europeos”.

Además, algunas cuestiones chocaban con la Ley de Extranjería. Por todo ello, Moreno avisó que “alguna comunidad” tendrá que revisar sus normativas.

Asimismo las comunidades autónomas, según el Gobierno, deberán facturar el Fondo de Cohesión, del que España recibe 520 millones para atender a los turistas que visitan temporalmente España o residen en las costas. En este punto, el secretario de Sanidad y Consumo, propuso que las comunidades “deberían tener un fondo de maniobra”.

Aunque reconoce que “no es perfecto”, el Gobierno no tiene la intención de derogar el decreto impulsado en 2013 sobre el citado fondo, pues permite ahorrar 2.000 millones de euros “que se quedan las consejerías de Sanidad”, evita el turismo sanitario, sitúa el consumo farmacéutico en la media europea y permite que los desempleados sin asistencia santiaria y farmacéutica la tuvieran. Sin embargo, Moreno considera que es “mejorable”, en cuestiones de copago hospitalario, “que se retirará”.

317 MILLONES

Durante la comparecencia también se debatieron otras cuestiones relativas al presupuesto de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, que asciende a 317 millones de euros, 6 millones de euros más que en 2015 (un 2% más).

Un total de 234 millones se invertirán en la sanidad pública de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, a través del Insitituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). No obstante, las políticas sanitarias contarán el próximo año con 4.000 millones, gracias a la aportación de diversos ministerios a estas cuestiones, como refleja el “libro amarillo” en el que se detalla el índice básico de los Presupuestos Generales del Estado.

Como novedad, la Secretaría de Sanidad y Consumo incorpora una partida de 1,75 millones de euros para el programa de reubicación de refugiados de la Unión Europea.

Durante su turno de palabra la diputada socialista Guadalupe Martín se preocupó especialmente por el Fondo de Cohesión en lo relativo a la viabilidad de los centros de referencia y en la atención igualitaria en todo el territorio, haciéndose eco de la Federación Española de Enfermedades Raras.

HEPATITIS C

Asimismo, recriminó al Gobierno que haya trasladado “el problema” a las comunidades autónomas en lo referido a la Hepatitis C. “Se debería responder de forma más generosa por parte del Ministerio”, agregó.

También mostró “preocupación” por el Fondo de Cohesión sanitaria y por el Fondo de Garantía Asistencial (Foga) la parlamentaria de CiU Concepció Tarruella, que a pesar de su caracter extrapresupuestario “no ha funcionado bien”, por no haber equidad entre comunidades, inmersas en problemas de financiación.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación contará en 2016 con 38 millones de euros y la Dirección General de Ordenación profesional, con 5,7 millones de euros.

Asimismo, la Aemps tendrá un presupuesto de 47 millones de euros; la Organización Nacional de Transplantes (ONT) 4 millones de euros; y la Aecosan 28 millones, en el que se aumentan las inversiones en consumo para aparataje y obras en el Centro de Investigación y Control de Calidad.