Catalá se refirió a esta cuestión en una rueda de prensa en la sede de su departamento tras reunirse y firmar un acuerdo con el consejero catalán de Justicia, Germà Gordó. El convenio contempla la asignación a Cataluña de 1,2 millones de euros para modernizar la Administración judicial y pagar a los abogados de oficio.

El ministro compareció posteriormente en solitario en rueda de prensa, ya que, según explicó, el consejero catalán tenía que volver a su comunidad autónoma.

El responsable de Justicia indicó que, además del convenio, habló con el consejero Gordó de la reforma de Tribunal Constitucional que promueve el PP y sobre la cual este miembro de la Generalitat expresó su “discrepancia”.

Por el contrario, el ministro defendió ante su interlocutor tanto el momento de la reforma como en el fondo, ya que se busca que el tribunal que interpreta la Carta Magna pueda hacer “ejecutivas” sus decisiones.

“NINGUNA OPERACIÓN SINGULAR”

Al mismo tiempo, Catalá fue preguntado por los periodistas sobre el hecho de que Mas asegurase este miércoles en el Parlamento catalán que CDC recibió la semana pasada una filtración de que iba a ser registrada la sede de Catdem. El mandatario autonómico también denunció que la prensa estuviese al tanto y que se publicase días después un documento sobre el presunto cobro de comisiones del 3% por parte de la fundación ligada a los convergentes.

A este respecto, Catalá señaló que “si el president Mas considera que ha habido alguna violación de su posición procesal en este caso pues debería simplemente acudir a los tribunales y poner la consiguiente denuncia”. Añadió que está “seguro de que se investigará” y “ojalá se aclare si se ha producido” esa filtración.

Destacó que en ocasiones se ha referido a que “la revelación de secretos es un delito y, por lo tanto, si alguien considera que se ha cometido un delito, debería someter a investigación esa circunstancia”.

Según el ministro, si Mas presenta una denuncia y se investiga lo que dice “una vez más constataremos el normal funcionamiento de las instituciones, de la Justicia, de la Fiscalía de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. “Constataremos una vez más”, añadió, “que la Justicia es igual para todos, que no creo que nadie pueda considerarse en España víctima de ninguna operación especulativa o singular”.

Sobre la cuestión de las eventuales filtraciones de procesos judiciales, Catalá señaló que es un asunto al que él ha prestado “alguna atención”, ya que considera que es necesario “equilibrar el derecho a la información con el derecho a la intimidad, a la presunción de inocencia, a un juicio justo”. El responsable de Justicia aludió, en este punto, a que el PP pactó con CiU una enmienda para evitar la exposición de los detenidos durante una actuación judicial, algo que dijo busca lograr un “equilibrio”, que “no es fácil”, entre el derecho ala información y los de los detenidos.

REFORMA “RAZONABLE”

Por otra parte, sobre las críticas de los partidos de la oposición a la reforma que promueve el PP para que el Constitucional pueda ejecutar mejor sus sentencias, Catalá sostuvo que es una modificación legal “de lo más razonable” y que sólo pueden cuestionar los que quieren estar “al margen de la ley”.

Al mismo tiempo, defendió que la reforma de la ejecución de sentencias por parte del Constitucional debería ser pactada “en la medida de lo posible”, por lo que se mostró convencido de que los populares están “absolutamente dispuestos” a negociar con otras fuerzas políticas.

Explicó que el partido del Gobierno cree que tendrá la “máxima flexibilidad” para negociar la reforma, siempre “que se respete el sentido y el espíritu de la reforma”. Por este motivo, dijo que no entiende el “rechazo absoluto” mostrado por algunos a esta modificación legal.