Así se desprende de un informe del proyecto CWIT (Countering WEEE Illegal Trade), financiado por la UE, que aporta datos de 2012 y relaciona el tráfico ilegal de estos residuos con la financiación del crimen organizado.

El informe, en cuya elaboración han participado la Interpol, la Universidad de Naciones Unidas y el WEEE Forum, una asociación europea de la que es miembro la plataforma española Recyclia, señala que el 65% de los residuos eléctricos y electrónicos no gestionados correctamente son exportados (1,5 millones de toneladas), reciclados en condiciones no adecuadas (3,15 millones), rescatados de piezas valiosas (750.000) o simplemente arrojados a la basura (750.000).

Alrededor de 1,3 millones de toneladas salieron de la UE en exportaciones indocumentadas, de manera que se trata de envíos susceptibles de ser clasificados como ilegales porque no se ciñen a las directrices europeas. De ese total, un 30% eran residuos electrónicos (400.000 toneladas) y el 70% restante, aparatos aún en funcionamiento.

Por otro lado, el informe indica que el robo de componentes de valor de residuos electrónicos, como placas de circuitos o metales preciosos, genera unas pérdidas de entre 800 y 1.700 millones de euros al año a las entidades que procesan los residuos cumpliendo con la legislación medioambiental.

El estudio apunta que comienza a haber indicios en algunos países de la UE de conexiones entre el tráfico ilegal de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y casos de evasiones fiscales o de blanqueo de dinero.

SANCIONES MÁS DURAS

Ante esta situación, Recyclia (formada por Ecopilas, Ecofimática, Tragamóvil y Ecoasimelec) abogó este jueves por aumentar el control de los flujos nacionales y transfronterizos de residuos electrónicos y endurecer las sanciones por infringir la normativa en esta materia.

Esta plataforma consideró necesario armonizar las sanciones y los criterios de contabilización y trazabilidad de los diferentes flujos entre los estados europeos, así como simplificar los trámites administrativos, con el fin de facilitar el control.

En este sentido, Recyclia reclamó que se definan los requisitos técnicos para la valoración de los aparatos que pueden ser reutilizados o, por el contrario, deben reciclarse, y el control de la distribución online, en cuanto al cumplimiento de las mismas obligaciones que la venta física en materia de reciclaje sobre los equipos que ponen en el mercado.

“Es prioritario adoptar estas medidas, dado que, tal y como señala el informe, la gestión ilegal de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, además de perjudicar al medio ambiente, se ha convertido en una actividad lucrativa y con un bajo nivel de detección por parte de las autoridades. Los sistemas integrados de gestión garantizamos que el 100% de los residuos que recogemos son tratados correctamente, pero somos asociaciones sin ánimo de lucro y carecemos de los recursos necesarios para controlar todos estos flujos”, afirmó José Pérez, consejero delegado de Recyclia.