Estas firmas se han recogido a través de la campaña 'Por una Ley de la Función Docente para todos', que defiende la inclusión del profesorado de la educación concertada y privada en el futuro Estatuto del Empleado Docente.

Según FSIE, el citado estatuto busca perfilar “la identidad del futuro profesor con independencia del centro donde éste ejerza”, por lo que el sindicato quiere ser incluido en las negociaciones que el ministerio mantiene con los representantes de los trabajadores de la escuela pública.

El secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, aseguró que la intención no es interferir en el desarrollo del Estatuto de la Función Pública Docente, que es “necesario para la regulación de las condiciones laborales de los funcionarios”.

Sin embargo, prosiguió, “los aspectos profesionales de carácter general que ahora parecen recogerse en este Estatuto deberían desarrollarse en una futura ley que regule las condiciones que debe reunir un docente en general, y no solo aquellos que trabajan en la enseñanza pública”.

PRESUPUESTOS

Por eso, pidió la intervención del presidente del Gobierno para que el Ministerio de Educación conceda a FSIE el lugar que "legítimamente le corresponde en la mesa de negociación" y la voz de los enseñantes que no trabajan en centros públicos se oiga.

De cara a las próximas elecciones generales, FSIE reclamó a los partidos un Pacto de Estado de Educación que devuelva la estabilidad a la educación en general y a la concertada en particular.

También exigió asegurar el derecho de los padres a la elección de centro y el mantenimiento del sistema de conciertos como garante de este derecho y reclamó al ministro que convoque la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada y que la Comisión de Análisis del Módulo Económico del Concierto retome sus trabajos "interrumpidos a finales de 2010".

Por último, el sindicato pidió acabar con la discriminación que, a su juicio, los Presupuestos Generales del Estado de 2016 prevén para más de 130.000 docentes de la escuela concertada, a quienes también se debe devolver la parte recortada de su paga extra en 2012, igual que a los funcionarios.