La declaración señala que el respeto del derecho de asilo y de los derechos humanos constituye “una cuestión prioritaria para una ciudad abierta, plural y solidaria”.

El consistorio se comprometerá a “fortalecer la red de acogida de personas refugiadas existente en el municipio y articular aquellas medidas que sean necesarias en colaboración con las organizaciones que trabajan en la defensa del derecho de asilo desde un enfoque no asistencialista, de restitución de derechos, centrado en la autonomía y la dignidad de las personas refugiadas”.

La declaración invita a los gobiernos municipales a incorporar la especificidad de la situación de las personas en búsqueda de protección internacional a la puesta en práctica de mecanismos de atención y acogida integral profesional.