Este foro, en el que están expertos como el catedrático Enrique Bustamante, el sindicalista Marcelo Camacho y los periodistas Rafael Díaz Arias y Pedro Soler, presenta este dictamen como una “actualización” del denominado ‘informe de sabios’ que se elaboró en 2006 para la reforma de RTVE.

Lo plantean como un documento abierto a todos los partidos y medios de comunicación, y quieren que sea una llamada de atención sobre la “fuerte degradación” que consideran que está sufriendo el servicio público de comunicación “en términos de audiencia, credibilidad y sostenibilidad financiera, con grave peligro de marginalidad en el próximo futuro”, señala el documento.

Los autores abogan por un nuevo modelo de medios públicos en el que “la rentabilidad social debe predominar sobre la rentabilidad económica, con indicadores precisos de medición”.

MANDATOS DE NUEVE AÑOS

Entre sus propuestas figuran el establecimiento de mandatos marco obligatorios a los medios públicos de nueve años y contratos programa trianuales, negociados y aprobados por los parlamentos, “con blindaje de la gestión pública directa en todos los servicios estratégicos que no podrían ser nunca externalizados ni privatizados".

El informe propone asimismo un “cambio cualitativo” de la gobernanza del servicio público, “para impedir definitivamente su conversión en radiotelevisión gubernamental”.

Defiende la recuperación de “auténticos Consejos Audiovisuales independientes”, la creación de Consejos Sociales en las radiotelevisiones públicas, el establecimiento en RTVE de una “plataforma interactiva de ciudadanos por el Servicio Público” y una ventana para una "Participación Directa Ciudadana" por la que mediante un mínimo de firmas pueden pedir explicaciones acerca del servicio público al máximo responsable de cada corporación.

Los Consejos Sociales se elegirían entre los candidatos propuestos por asociaciones representativas de la sociedad civil no estatales y garantizarían el derecho de acceso, proponiendo al Parlamento la mitad más uno de los integrantes del Consejo de Administración, mientras que los partidos propondrían al resto, exigiéndose siempre mayorías reforzadas de dos tercios de los votos parlamentarios.

Por su parte, los Consejos de Administración realizarían el control externo del servicio público, de sus presupuestos y programaciones, que gestionaría un director general elegido por ellos tras un concurso público y abierto.

DESCONEXIONES TERRITORIALES

Teledetodos también pide crear “en el plazo más breve posible” un "nuevo canal generalista de ámbito estatal, bilingüe y con desconexiones territoriales”, que se nutriría de la producción realizada por RTVE y por aquellos canales autonómicos con los que se llegara a acuerdos de cooperación o decidieran integrarse.

En materia económica, el dictamen aboga por una financiación pública transparente, suficiente y sostenible de las obligaciones estrictas de servicio público, procedente fundamentalmente del canon por el uso del espectro radioeléctrico, los beneficios del ‘dividendo digital’ y los ingresos del IRPF (como canon proporcional a los ingresos de los hogares, sin subir la presión fiscal), como fuentes centrales y complementarias.

“Aunque se considera que el regreso de la publicidad no es recomendable en líneas generales para RTVE, puede mantener en las cadenas autonómicas”, añade el dictamen, que también propone que el canon de los operadores privados vaya a un “fondo de capitalización e inversión, mientras se potencia el patrocinio y la venta de programas”.

La relación de propuestas del grupo de expertos también incluye la vuelta a los diez años de plazo para las concesiones de licencias de los operadores privados (la ley audiovisual lo fijó en quince años), dotar de nuevo de dos múltiples completos a RTVE y a las comunidades autónomas que así lo soliciten, y reforzar la presencia y papel social de las emisoras locales y comunitarias con un nuevo plan técnico de la TDT.