En un auto, el juez recuerda que la causa se inició en junio de 2014 a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, una investigación de la que han ido surgiendo "tramas delictivas no siempre sobre hechos semejantes o involucrando a las mismas personas".

Velasco sostiene que ahora que la causa empieza a estar definida se observa "la concurrencia en ella de diversas acciones delictivas que afectan a muchas personas -la causa tiene más de 100 imputados- muchas de ellas no relacionadas entre sí, en una causa que ya alcanza los más de 50.000 folios -inmanejables- en más de 65 tomos".

Añade que, aunque todas tiene el hilo conductor de "ciertos conseguidores que van expandiendo influencias por todos ellos, lo hacen en diferentes Administraciones Públicas, afectando a diversos órganos de contratación e incluso diferentes formaciones políticas, en épocas diversas en el tiempo, aconsejando la división más afín temática posible para una continuación ordenada de la causa", tal y como permite el artículo 762.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A juicio del magistrado, tras analizar diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo, mantener en este momento procesal en una misma causa "tramas tan diversas condena a dilatar plazos de interinidad en espera de enjuiciamiento a implicados muy diversos, sin relación entre sí, en función del avance de complicadas diligencias" como, por ejemplo, las comisiones rogatorias que afectan sólo "a unos pocos imputados".

Esta circunstancia, entiende el juez, podría lastimar "involuntariamente más tiempo el derecho a la presunción de inocencia y el de a la no dilación (indebida) de otros, lo que de conformidad con lo que prevé la reforma de la LECrim en actual trámite parlamentario, debe variar, de manera que se singularicen en piezas independientes las diversas tramas fácticas que ya están pergeñándose", de modo que sin dejar de ser una misma causa se pueda avanzar en cada una de las piezas, aumentando la comodidad de la partes y el orden en el trabajo del juzgado, sin que ello afecte a la competencia de la Audiencia Nacional.

Las piezas que quedan determinadas a partir de ahora por el juez son: (1) Hechos referentes a la revelación de la investigación oficial a David Marjaliza y Francisco Granados, (2) hechos referentes de la Diputación de León, (3) hechos referentes a la Comunidad de Murcia, (4) hechos referentes a la actuación en torno al Ayuntamiento de Valdemoro (urbanismo y contratación), (5) hechos referentes a otra presunta contratación pública ilegal en el ámbito local (Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco...), (6) hechos referentes a Cofely, (7) hechos referentes de Waiter Music, (8) hechos referentes a Granados y colaboradores, (9) hechos referentes a la trama internacional de presuntos blanqueos de capitales, (10) hechos referentes a Eico, Madiva, Señores de Pedro y Alonso Conesa, reputación online en otras diversas Administraciones Públicas y empresas, (11) hechos referentes a Alfedel y (12) que está dedicada a otros hechos, que continuarán en la pieza principal.

En consecuencia, con esta argumentación, el magistrado estudia la posibilidad de solicitar un juez de refuerzo que le ayude a acabar la instrucción del 'caso Púnica', en la que hasta ahora hay un centenar de imputados provenientes de cuatro comunidades autónomas distintas implicados en el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos con las administraciones públicas

Fuentes de la investigación aseguraron a Servimedia que tras la declaración del cabecilla de la red, el empresario David Marjaliza, que respondió a las preguntas del magistrado durante once horas en tres sesiones de interrogatorio en junio pasado, ahora toca corroborar su veracidad con pruebas.

Aunque esa declaración continúa bajo secreto de sumario, sí ha trascendido que Marjaliza confirmó muchos de los datos que ya obraban en la causa y además hizo revelaciones sobre el papel en la trama de su amigo y ex 'número dos' de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y de otros políticos aún no salpicados por el sumario.

Con ese volumen de información, la tarea prioritaria del juzgado en los próximos meses será la de verificar el alcance de la declaración de Marjaliza. Para ello, el juez Velasco tendrá que solicitar innumerables pruebas documentales e informes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las distintas administraciones presuntamente implicadas en el desvío de fondos públicos.

Las ramificaciones internacionales de la trama y las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales incrementan la complejidad de la investigación que ha obligado al magistrado a librar comisiones rogatorias a tres continentes: América, Asia y Europa. En concreto, Velasco las ha dirigido a Holanda, Costa Rica, Suiza y Singapur.

Gestionar todas estas actuaciones podría colapsar la investigación, por lo que el juez ha decidido trocear la investigación en distintas piezas separadas y pedir a medio plazo un refuerzo que pudiera hacerse cargo de las nuevas actuaciones, siempre bajo su supervisión y dirección.