La Fiscalía pide estas diligencias para “el mejor esclarecimiento de los hechos” y, una vez que las personas señaladas han perdido la condición de parlamentarios andaluces, se solicita que sean llamados a declarar.

El escrito se refiere a Antonio Ávila Cano, exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía; Francisco Vallejo Serrano, exconsejero de Obras Públicas y Transporte; y los también exconsejeros Manuel Recio Menéndez y Carmen Martínez Aguayo.

Todos ellos deben ser citados, recuerda el Ministerio Público, para que tengan conocimiento de su condición de parte en estas diligencias previas y del contenido de los indicios que pesan sobre cada uno de ellos de manera individualizada.

Además, Anticorrupción quiere conjurar el peligro de que, en cualquier momento procesal posterior, las defensas de los inculpados ahora o en el futuro, puedan alegar la prescripción o cualquier tipo de indefensión derivada de no poder articular de manera eficiente sus medios de defensa, que podrían desembocar en la “nulidad de todo o parte del procedimiento”.