Cuando Servimedia se acerca a entrevistarle, en lugar de hallarle en la silla que tiene instalada junto al ascensor del parking público, encuentra una UVI móvil del Samur. "Una revisión periódica", aseguran los sanitarios, que apelan al secreto profesional para no revelar si le ha ocurrido algo.

Desde dentro de la ambulancia, Antonio exige que le dejen salir. Sabe lo que quiere. Cuando baja, con las primeras lágrimas en los ojos (habrá unas cuantas a lo largo de la conversación), explica: "Me importais mucho más los periodistas que los médicos. Si no es por vosotros, éstos (en referencia al Ayuntamiento) me dejan morir".

Habrá que interrumpir la entrevista dos o tres veces más, para que le tomen el peso o Antonio informe al Samur de los medicamentos que está tomando. Se le va a someter a revisión cada tres días, para evaluar la evolución de su organismo ante la huelga de hambre. Por el momento, dice haber perdido seis kilos en una semana.

De 63 años, casado y padre de tres hijas (se emociona al reconocer que ninguna de las cuatro mujeres de su vida está de acuerdo en la iniciativa que ha tomado), de momento se alimenta sólo de agua y sales minerales para nutrirse de grasas; pronto añadirá otras para recibir proteínas.

Su discurso se interrumpe de vez en cuando porque, explica, no le llega azúcar al cerebro y no puede pensar y hablar con fluidez. En el Samur le han dicho que con esta dieta puede aguantar 30 días, pero que antes podría sufrir un fallo renal o cardíaco.

LA GASOLINERA

Su drama comenzó cuando en 2003 compró por 50 millones de pesetas una finca en el PAU de Los Berrocales, junto a la A-3, para construir una gasolinera. Antes fue militar y mecánico de vuelo con Iberia. Asegura que no pretendía enriquecerse y que nunca vivió con ostentación, sino que quería dejar una fuente de ingresos para sus hijas.

El suelo parecía una inversión segura, y una gasolinera más aún. Las petroleras le ofrecían 280.000 euros sólo por exhibir la marca y financiaban la obra civil; el dinero lo podría devolver cómodamente con una cuantía de céntimos por cada litro de gasolina vendido.

Además, por un mástil y dos vallas publicitarias le ofrecían otros 28.000 euros al año. "Sólo con esto habría podido vivir perfectamente", lamenta, con la añoranza de aquello que en realidad nunca fue, pero sí pareció serlo, vivo y nítido, en su mente.

Él no tenía ninguna intención de especular con la vivienda, pero los grandes inversores que pusieron los ojos en lo que era y sigue siendo el desierto de Los Berrocales sí. Pero, una vez aprobado el Plan Parcial en 2004, no le quedó otro remedio que adherirse a la Junta de Compensación, cuyo Consejo Rector dirigiría la urbanización del terreno. De lo contrario, apunta, le habrían podido expropiar el terreno a precio de suelo rústico.

LA DEUDA

Dicho Consejo Rector, dominado por los inversores mayoritarios, señaló el terreno que había comprado como urbanizable, dentro de lo que él considera una carrera desenfrenada porque no había demanda de vivienda, y acordó cubrir los gastos de la urbanización con derramas entre todos los propietarios.

Antonio explica que estas derramas han arruinado a muchos pequeños inversores, no sólo a él, y que ahora los grandes van a poder quedarse con el suelo que adquirieron a precio cero. A día de hoy ni siquiera se ha aprobado el plan de reparcelación del terreno, bajo el que, calcula, ya se han enterrado 550 millones de ahorros e inversiones.

Tras hacer frente económicamente a todas las derramas que pudo, pidió seguir haciéndolo entregando su suelo, pero el Consejo Rector se lo denegó. Ahora ya sólo puede hacerlo con el embargo de la finca y de su casa en la calle Aramayora, en Las Mercedes. La primera puja se declaró desierta, ahora, quienes quieran pueden hacer ofertas hasta el 13 de noviembre, y el mayor postor se los quedará.

Antonio ya se puso en huelga de hambre el pasado mes de julio, pero la alcaldesa, Manuela Carmena, le recibió en un despacho del Ayuntamiento y le prometió que le buscaría una solución. Según él, sólo le ofrecieron la ayuda de un representante de la Oficina de Mediación Hipotecaria, que no tiene nada que ver con su caso.

CARMENA

El pasado lunes por la mañana, primer día de su nueva huelga de hambre, dice que el Gobierno municipal le envió a una representante que le instó a desistir, advirtiéndole de que el Consistorio no podía hacer nada e incluso le podrían embargar más bienes. Por la noche, fue la propia Carmena la que se le acercó, le preguntó qué tal estaba, y le prometió que el martes hablarían.

Desde entonces, añade, sólo el delegado de Coordinación con las Juntas de Distrito, Nacho Murgui, le ha ofrecido su despacho para lo que quiera, pero Antonio piensa que él no tiene los conocimientos jurídicos necesarios para ayudarle. Carmena sí.

"Ella es jueza y sabe perfectamente cómo funcionan estas cosas", dice. Cuenta que, en julio, lo primero que le preguntó era qué tal se llevaba con su abogado, porque él podría haberle aconsejado que creara una sociedad para que sólo le embargaran la finca. "Mientras pude pagarle, bien; le contesté", recuerda.

Antonio enseña ("Me lo acaban de traer", asegura) una copia del programa de Ahora Madrid para las elecciones municipales, cuya línea de acción 4.1.1. se compromete a "redactar un Plan de Urgencia Integral que incluya la reclasificación de los suelos no desarrollados por el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 y asuma las sentencias de los ámbitos anulados por el Tribunal Superior de Justicia".

PARALIZAR LA DEUDA

Este propósito incluiría el plan parcial de Los Berrocales. Él no aspira a que se le indemnice por los actos administrativos realizados por el Ayuntamiento dentro de un plan anulado por el Tribunal Supremo, ni a que se le perdone la deuda, pero sí a que se "paralice" hasta que no se constituya una nueva Junta de Compensación que emprenda el proyecto desde cero.

Sin embargo, piensa que Carmena, a quien considera una persona "buena", y Podemos, que se proponía acabar con las prácticas "mafiosas" de las grandes constructoras, están atados de pies y manos por el PSOE.

Según su interpretación, el PSOE habría puesto como condición a la investidura que todos los asuntos de urbanismo se aprobaran en el Pleno, de forma que populares y socialistas, a quienes cree "untados" por el gran capital, puedan echar atrás todo lo que perjudique a sus amigos.

Quizás se trate sólo de las interpretaciones que busca la desesperación cuando necesita grandes causas para explicar grandes tragedias. Antonio estaba "encantado" con su jubilación y cooperaba como voluntario de Cáritas. "Yo antes era dinámico, no paraba, y ahora no quiero ni que vean mis amigos, ni soy capaz de transmitir ninguna ilusión a los ancianos y discapacitados", solloza.

Asegura que está dispuesto a llegar hasta el final, porque, después de escribir en vano al Defensor del Pueblo, cree que no le queda otra. "Me da igual morir aquí que en casa. Ya no tengo ninguna ilusión", explica.

Como otros muchos españoles, las empotró todas contra el muro del ladrillo, y además descubrió su armazón legal-normativa: "Hasta que no te metes en este lío no te das cuenta de que la Administración puede ser tan perversa".

En el caso de Antonio, con el agravante de que ya no puede sentir el orgullo paterno de dejar una buena herencia: "No me entra en la cabeza que me roben el pan de mis hijas". En manos de ellas, y de su mujer, que llega la final de la entrevista, está el intentar convencerle de que no hay mejor legado que el día a día de una vida lo más larga posible.