El Gobierno enmarca esta intervención en los esfuerzos del presidente por extender el establecimiento de una moratoria hasta que se consiga el objetivo de abolir la pena de muerte en todos los países donde aún está vigente, uno de los grandes objetivos de la política exterior española en materia de derechos humanos.

Después de un considerable progreso en los últimos veinte años, el movimiento mundial contra la pena de muerte ha logrado que más de dos terceras partes de los países miembros de Naciones Unidas hayan abolido ese castigo en sus legislaciones o hayan aplicado moratorias en las ejecuciones.

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2008 el Plan Nacional de Derechos Humanos, en el que se incluyó la lucha por la abolición universal de la pena de muerte como parte esencial de la acción exterior española, y desde entonces se han desplegado gestiones diplomáticas bilaterales e internacionales, coordinadas con Naciones Unidas, con las ONG y con grupos de trabajo.

La iniciativa del presidente en este ámbito busca una moratoria de las ejecuciones en 2015 como paso previo a la abolición efectiva en todos los supuestos en los que la ley internacional restringe su aplicación, como es el caso de personas que no han sido condenadas por delitos graves, o cuando la aplicación no es conforme con las leyes vigentes en el momento de la comisión del delito, y tembién en el caso de grupos específicos de personas, como las condenadas por crímenes cometidos cuando eran menores de edad, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.