En concreto, las patronales apuntan que esta descausalización del empleo temporal estaría limitada por la negociación colectiva, ya que en este ámbito los representantes de los trabajadores y las empresas podrían fijar una duración máxima de este tipo de contratos. Sin embargo, se eliminaría la “necesidad de que el empresario tenga que alegar una causa temporal para el contrato”.

En esta línea, abogan también por redefinir el contrato por obra o servicio eliminando el límite de tres años y dejando el establecimiento de la duración máxima a la negociación colectiva.

En general reclaman una reducción del número de tipos distintos de contratos, pero manteniendo, por ejemplo, la modalidad fija discontinua. En este caso concreto, reclama que se puedan convertir contratos fijos ordinarios en discontinuos.

Asimismo, hace hincapié en la necesidad de revisar la contratación de jóvenes a través de las modalidades en prácticas y para la formación y el aprendizaje, para lo que pide que se “flexibilicen” las condiciones de jornada y salario.

Todas estas propuestas se incluyen en el apartado sobre ‘Medidas de flexibilización que apoyen la creación de empleo y el desarrollo de mecanismos de acuerdos’, en el que las patronales también recogen medidas relacionadas con las políticas activas y pasivas de empleo.

En este sentido, demandan una reforma del sistema de protección por desempleo vinculando la prestación a que el parado cumpla con el proceso de empleabilidad que diseñen los servicios públicos de empleo.

Así, CEOE y Cepyme defienden la necesidad de que se “suprima” la prestación “por el incumplimiento del proceso de empleabilidad”. Las confederaciones empresariales sostienen que “es más útil para el mercado laboral pagar la activación del desempleado y su empleo, que su mera permanencia en paro”.

Por otro lado, abogan por desarrollar más mecanismos que permitan una mayor compatibilización de la percepción de subsidios por desempleo con ingresos salariales correspondientes al trabajo, de manera que se reduzca el coste laboral para las empresas.

En cuanto a las posibilidades de que las empresas modifiquen las condiciones de trabajo de sus trabajadores, las patronales reclaman que se mejore la flexibilidad interna con un “régimen más ágil y eficaz de modificación de las condiciones de trabajo, en el que quede definido el ámbito de variación que corresponde al empresario”.

INDEMNIZACIONES

En cuanto a las indemnizaciones por despido, apuestan por que el coste de la extinción de los contratos se reduzca “buscando un mayor acercamiento” entre los empleados fijos y los temporales.

Asimismo, instan al Ejecutivo que salga de las próximas elecciones generales a que reponga el abono por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de ocho días de la indemnización por despido en las empresas con menos de 25 trabajadores y limitar las posibilidades de impugnar judicialmente los ceses cuando haya acuerdo.

Por último, exigen que se resuelva “con claridad” a través de una reforma qué ocurre con las condiciones laborales de los trabajadores cuando se cumple el plazo de ultraactividad de los convenios y no se puede aplicar un nuevo acuerdo u otro de ámbito superior.

Otro de los apartados de las propuestas de CEOE y Cepyme se centra en lograr ‘Unas administraciones públicas para favorecer el crecimiento y el empleo: marco normativo, unidad de mercado y consolidación fiscal’.

Dentro de estas reformas, las confederaciones empresariales proponen reducir la economía sumergida reduciendo los tipos elevados de gravamen y la fuerte progresividad de las tarifas tributarias.

Además, apuestan por “la supresión completa” de los sistemas objetivos de estimación de bases, conocidos como módulos, tanto en el IRPF como en el IVA, que sólo se mantendrían en “contadas excepciones que sean adecuadamente justificadas”.

Por otro lado, abogan por reducir los organismos, agencias y empresas públicas, “sobre todo aquellos que prestan servicios que no obedecen ni a criterios de necesidad ni de mejora de la eficacia”.

Para compensar, defienden que haya una “mayor provisión de servicios públicos por parte del sector privado si son mejores en calidad y en precio”.

También exigen que se coordinen “de manera urgente” las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, y que se “supriman muchos de los casi 100 impuestos autonómicos, en su mayoría de carácter medioambiental, surgidos en los últimos años”.

OTRAS REFORMAS

El documento recoge otras medidas dirigidas, por ejemplo, a la modernización de la negociación colectiva y el diálogo social, a reforzar el sector exterior, a lograr unas empresas “plenamente integradas” en la UE y a estudiar una reforma de la Seguridad Social que garantice su sostenibilidad y reduzca las cotizaciones sociales de las empresas.

El texto también se refiere a la importancia de la educación y de la formación profesional para el empleo, así como a mejorar la financiación de las empresas, y apuesta por una responsabilidad social de las empresas bajo las premisas de “voluntariedad y unidad de mercado”.

El resto de apartados del documento se dedican a innovación y digitalización; a la industria, la energía y el medio ambiente; al transporte, la logística y las infraestructuras; a la sanidad, y a la igualdad de oportunidades.