Este sistema es una alternativa al ingreso en centros de menores y se desarrolla en tres modalidades: libertad vigilada, realización de sevicios en beneficio de la comunidad y medidas administrativas tras la libertad vigilada.

Para aplicar este sistema a los menores de edad penal, y debido a la escasez de personal en la Junta de Extremadura, ésta firmó el pasado año un convenio con Cáritas, lo que hizo posible ponerlo en marcha en septiembre del año pasado.

Desde ese mes hasta diciembre, 44 casos fueron tramitados por los juzgados de menores y los servicios de la Consejería de Bienestar Social de la Junta hacia Cáritas. De esa manea, 19 menores han estado en libertad vigilada, 23 han realizado servicios para la comunidad y a 2 se les han aplicado medidas administrativas.