Galicia. La negociación de la Ley de Cajas continúa sin acuerdo y sin fecha exacta de reanudación

MADRID
SERVIMEDIA

El Gobierno de España y la Xunta de Galicia comunicaron hoy que la negociación sobre los puntos del recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Cajas gallega presentado por el Estado continúa sin acuerdo definitivo y que ambas partes se han levantado de la reunión sin establecer una fecha definitiva para su reanudación.

Así se desprende de lo que ambas partes señalaron a los periodistas tras el término de la cuarta sesión negociadora que se ha celebrado en el Ministerio de Política Territorial y en la que participaron, entre otros, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías; el consejero de Presidencia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la consejera gallega de Hacienda, Marta Fernández Currás.

En la reunión se llegó a acuerdos en seis puntos de un total de once que se discutían, pero la Xunta considera que "en la comparecencia del miércoles, estos acuerdos ya se podían haber cerrado y entendemos que hay negociaciones sobre los puntos en los que hay divergencias".

"CELERIDAD"

En este sentido, Rueda señala que "no estamos de acuerdo en que no podemos pedir celeridad al Estado, porque esto es lo que piden los gallegos" aparte de la propia Xunta.

Zarrías precisó que "queremos el acuerdo lo antes posible, pero la celeridad no debe suponer equivocaciones importantes por ambas partes".

El secretario de Estado insistió en que "es nuestra voluntad convocar a la Xunta en los próximos días, lo antes posible, y que ese acuerdo sea definitivo".

"Esta reunión queremos que sea esta semana, antes de que concluya el mes de febrero", dijo, y añadió que la convocatoria "no es un problema de agenda (como afirman desde la Xunta), es un problema de fondo", es decir, de analizar detenidamente los textos normativos.

Rueda señaló que "Zarrías dirá que ha sido una reunión muy fructífera, pero no estaremos de acuerdo al menos de modo concreto, la Xunta venía dispuesta a cerrar acuerdos cuanto antes y se ofreció a compasar su legislación a la de otras comunidades autónomas".

NEGOCIACIÓN SIN FECHA

"Esta es la primera reunión que acaba sin fecha concreta de cara a la siguiente", lamentó Rueda, y añadió que el Estado dice que la negociación se para sin fecha de reinicio por el momento después de que la Xunta propusiera varias posibles fechas de reunión.

En este sentido, Rueda aclaró que "no queríamos pensar que dilatar la negociación suponga bloquearla y esperamos que la dilación no suponga un intento de bloqueo".

Por su parte, la consejera gallega de Hacienda señaló que a Galicia no se le debe de negar lo que se concede a otras comunidades autónomas, frente a lo que Zarrías afirmó que "es falso que esta posición sea distinta y singular con Galicia respecto a otras comunidades autónomas" y que cada ley se presenta a un examen de legalidad para ver si hay conflicto entre la Lorca y la Ley de Cajas gallega.

RENOVACIÓN DE ALTOS CARGOS

Currás señaló que hay acuerdo en puntos como la renovación de altos cargos de las cajas gallegas (que será como en Cataluña), que no hubo acuerdo en relación a la fusión y añadió que ofrecieron al Estado un acuerdo interpretativo para las dos partes que no fue aceptado.

Asimismo, desde la Xunta consideran que, en cuanto a la renovación de los órganos de gobierno de las cajas, el Estado plantea cuestiones añadidas a las que refleja el recurso de inconstitucionalidad y concluyen que "hay discrepancias sobre muchos aspectos que no están impugnados o suspendidos".

Preguntado por los periodistas en relación a la conveniencia de una intervención en la negociación del propio ministro de Política Territorial y del presidente de la Xunta de Galicia, los representantes políticos de ambas partes coincidieron en declararse competentes para resolver esta negociación.

El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, insistió, como en otras reuniones, en que "está clara la voluntad del Gobierno de llegar a un acuerdo que no es político, sino jurídico". Un acuerdo jurídico que, a su juicio, "necesita un estudio detenido por parte del Estado".

(SERVIMEDIA)
23 Feb 2010
MAG/lmb