Sobre el debate sobrevoló en todo momento la declaración del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, como imputado por la consulta soberanista, coincidiendo también con los 75 años del fusilamiento de su antecesor Lluis Companys.

La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá presentó ante el Pleno el dictamen de la Comisión sobre esa reforma promovida por el PP y con la que pretenden dotar al Tribunal Constitucional de mecanismos para ejecutar sus propias resoluciones.

El texto fue aprobado por 143 votos a favor, 80 en contra y una abstención, con lo que quedaron rechazados los vetos y los votos particulares. Previamente se habían rechazado las enmiendas que quedaban vivas del debate en la Comisión.

En una dura intervención, el portavoz de Convergència Democràtica de Catalunya, Josep Lluis Cleries, subrayó que Mas ha sido imputado “por Cataluña”, que fueron también las últimas palabras de Companys antes de ser fusilado.

Ironizó con la “coincidencia” del debate en el Senado, la declaración de Mas y el aniversario del fusilamiento de Companys, y aseguró que el presidente ha declarado como imputado “a las órdenes del Gobierno español”.

Todo pretende, en su opinión, “atacar” a Cataluña desde el Estado del que forma parte, “esperemos que por poco tiempo”. Se preguntó si es posible seguir en una España que persigue “de la forma que sea la inhabilitación, el acoso y el derribo” de Mas porque no pueden vencerle en las urnas.

“No es posible continuar en este Estado que margina y ataca a Cataluña”, dijo, antes de proclamar en catalán que los tribunales “no pararán a nuestro pueblo”, “no nos dan miedo sus amenazas porque trabajamos por una Cataluña libre”.

"MÁQUINA DE HACER INDEPENDENTISTAS"

Óscar López, portavoz del PSOE, juzgó la iniciativa “innecesaria” porque ya existen esos mecanismos para hacer cumplir las resoluciones del Constitucional, y denunció que su origen está en el Comité Electoral del PP para intentar “arañar un puñado de votos”.

Se refirió al PP como “una máquina de hacer independentistas”, argumentando que ese espectro ideológico subió del 9% al 16% su voto en Cataluña tras la etapa de José María Aznar, bajó al 7% tras la de José Luis rodríguez Zapatero, y después de una legislatura de Mariano Rajoy es del 48%.

Aseguró que Mas es “un mal gobernante” porque se está saltando la ley y ha dividido a su pueblo, pero reiteró que la ley no basta para resolver un problema que es político y “muy gordo”. “Habrá que dialogar y pensar no en clave de comité de campaña sino con grandeza de Estado para buscar una solución, que es lo que nunca ha hecho el PP”.

En nombre de Unió, Salvador Sedó tachó la iniciativa de “error descomunal, mayúsculo, un auténtico despropósito”, y acusó al PP de intentar tapar “su incompetencia política” con una reforma “ad hoc para ir contra Mas, al que se está sometiendo hoy mismo a un juicio político”.

En nombre de Entesa Pel Progrés de Catalunya, José Montilla, exministro y expresidente de la Generalitat, acusó al PP de haber hecho “más por el independentismo” que el propio Mas y que ERC. “Líbrese España de quienes la quieren tanto que la pueden acabar matando”, proclamó. Montilla aseguró también que el proceso judicial contra Mas tiene “escasísima consistencia jurídica” y constituye un “error político de gran magnitud”.

Joan Saura, también de Entesa, recuperó la advertencia del expresidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente sobre una reforma que “aplastaría” al Tribunal Constitucional, y lamentó que ese aviso no haya hecho reflexionar al PP. Precisó que no comparte muchas de las decisiones del presidente de la Generalitat, pero sí la necesidad de que los catalanes puedan expresarse.

"LA ANHELADA LIBERTAD"

Ester Capella, de ERC, tachó la iniciativa de “aberración jurídica” y de “involución”, y se centró en denunciar que se trata de un intento de parar en los tribunales el derecho democrático de los catalanes a decidir su futuro. Aseguró que Mas ha sido imputado por defender ese derecho, igual que Companys fue fusilado por querer una Cataluña independiente, y con ello homenajeó “a quienes han llevado a Cataluña en el corazón y se sacrificaron por el bien común”.

Con la declaración de Mas, en ERC sienten “viejas sensaciones que creíamos olvidadas”, pero Capella aseguró que eso solo reafirma su voluntad de “conseguir la tan anhelada libertad”.

Exigió la anulación del proceso y la sentencia contra Companys y sentenció que desde su fusilamiento “nada ha cambiado” porque España sigue siendo un Estado que “teme a la democracia”, que niega el derecho de los ciudadanos a decidir y que pretende hacer uso de la Justicia “a su antojo”.

El PNV equiparó la declaración como imputado de Mas con la del lehendakari Juan José Ibarretxe, y subrayó la “tristeza” de ver a un presidente elegido democráticamente por los ciudadanos declarando ante un tribunal.

Su portavoz, Jokin Bildarratz, insistió en que el debate no es jurídico sino político, y acusó al PP de intentar “instrumentailzar” la Constitución y al Tribunal Constitucional “por un puñado de votos”.

En nombre de Compromís, Carles Mulet denunció la memoria “cortísima” del PP por dar esta “vuelta de tuerca” después de haber generado la crispación que ha conducido a la actual situación, y acusó a ese partido de querer que la Justicia sea “un mero instrumento a su servicio”.

LOS VOTOS Y LA LEY

José Manuel Barreiro, del PP, aseguró que el objetivo de la iniciativa es “fortalecer la democracia, el Estado de Derecho, y la Constitución como garantía de ese Estado de Derecho”. Se preguntó, además, dónde está el temor a que el Constitucional tenga instrumentos para mejorar la garantía de cumplimiento y respeto al marco de convivencia consensuado en 1978.

Son quienes tienen interés en la “confrontación” y el “victimismo” quienes tienen que explicar sus posiciones, y no quienes ven en el pluralismo una riqueza y una oportunidad de “centrarnos en lo que nos une” para buscar puntos de encuentro.

“Los votos no permiten incumplir la ley”, alertó a quienes alertaron de la relación de fuerzas en Cataluña. Finalmente, preguntó a los socialistas si son partidarios o no de que cualquier debate se enmarque en el respeto a la Constitución y a la soberanía de todos los españoles.