A esta reunión, presidida por el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, en representación de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, han asistido la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNPS), la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis).

Según informó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en un comunicado, durante la reunión se subrayó el papel del Gobierno como garante de que se dé cumplimiento a esta ley, lo que se traduce en el apoyo de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad con el perfilado de un reglamento de uso de las lenguas de signos españolas y de los medios de apoyo a la comunicación oral, cuya creación ya se contempla en la disposición adicional cuarta de esta norma.

A la reunión asistieron también representantes del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) y del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA).

IMPLANTE COCLEAR

Asimismo, la Confederación Estatal de Personas Sordas presentó un informe acerca del título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa y sobre buenas prácticas en la incorporación de la lengua de signos española en televisión. Por su parte, el CESyA expuso los resultados de la agenda cultural accesible, así como de la publicación de los sellos calidad al Subtitulado y a la Audiodescripción.

Por otro lado, las entidades miembros de la Comisión valoraron positivamente aspectos como la regulación del implante coclear bilateral en la cartera de servicios ortoprotésicos. En esta materia, España está a la cabeza de la Unión Europea.

Las entidades integrantes de esta comisión valoran positivamente que existan órganos como éste, para velar por la consecución del articulado de la Ley 27/2007. Asimismo, se puso de relieve que han sido muchos los avances desde su aprobación y que aún quedan por cumplir cuestiones importantes de la misma para garantizar la plena inclusión de las personas sordas y sordociegas.