Por esta misma causa, la Audiencia Nacional ya condenó el 4 de junio de 2002 a José Luis Urrusolo Sistiaga, que fue miembro del 'comando Madrid'. Tras ser desarticulado el comando, Urrusolo huyó de España y se instaló en Francia. Desde allí entró un año más tarde en España para realizar nuevas acciones terroristas en Levante, Cataluña y Andalucía.

Ambos decidieron colocar un artefacto explosivo frente al cuartel de la Guardia Civil de Torremolinos “con la manifiesta intención de causar la muerte del mayor número posible de guardias que lo ocupaban y de sus familiares”, asegura la Fiscalía.

Para realizar el atentado, Narvaez compró un vehículo Renault 5 al que sustituyó la placa de matrícula. Colocaron el vehículo cargado con 40 kilos de amonal en una intersección que daba a dos fachadas de la casa-cuartel, según el croquis realizado por Urrusolo.

El turismo explotó a las 22.35 horas del 16 de abril de 1991, produciendo lesiones a varias personas. El fiscal le atribuye cuatro delitos de asesinato frustrado, uno de estragos y otros de falsificación de placas de matrícula. En total, el ministerio público solicita para él 109 años de prisión.

22 AÑOS HUIDO

El 19 de febrero de 2014 el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó prisión para Narváez Goñi, alias 'Pajas', y su compañera sentimental, Itziar Alberdi Uranga, alias 'María', detenidos en México. Llevaban huidos 22 años y fueron trasladados a Madrid para ser juzgados por una decena de asesinatos cometidos en 1991 y 1992.

Además de esta causa, el Juzgado Central de Instrucción número 4, de Fernando Andreu, tiene pendiente el caso del asesinato en Murcia en 1992 del policía Ángel García Rabadán con un coche-bomba, y por el asesinato a tiros en 1991 de los policías nacionales José Garrido y Francisco Javier Delgado en un comercio de Barcelona. Además, ambos están implicados en la muerte en 1992 del delegado de Ferrovial en la Comunidad Valenciana, José Edmundo Casaño, que también instruye Andreu.

Por su parte el Juzgado de Instrucción 1 de Juan Pablo González investiga la implicación de ambos en un paquete-bomba enviado en 1991 desde Toledo a Madrid a nombre de Jesús Gallego, de Construcciones Atocha, que causó la muerte a tres artificieros cuando querían desactivarlo.

Los etarras ya fueron juzgados por el asesinato en 1992 en Valencia del catedrático Manuel Broseta de un tiro en la cabeza. Ella resultó absuelta por el Tribunal Supremo.

Narváez y Alberdi tienen dos hijos de 17 y 19 años que les acompañaron en el avión del que fueron expulsados de México a España. Ambos llevaban 22 años en paradero desconocido y formaron parte del comando de liberados 'Ekaitz', que cometió 18 asesinatos en un año, por lo que están considerados como los miembros de ETA reclamados por la justicia con mayor número de delitos.