Esta fecha límite queda establecida en la Ley de Parques Nacionales, que establece un plazo máximo de seis años a partir de la entrada en vigor de la norma para que estos espacios protegidos se adecuen a las prohibiciones recogidas en el propio texto. La ley tiene validez desde el 5 de diciembre de 2014.

No obstante, la Ley de Parques Nacionales, analizada por Servimedia, indica que las actividades prohibidas en estos espacios prohibidos no se ciñen exclusivamente a la caza deportiva y comercial, sino que también se incluyen la pesca deportiva y recreativa; la tala con fines comerciales; aprovechamientos hidroeléctricos, vías de comunicación y redes energéticas; las explotaciones y extracciones mineras, de hidrocarburos, áridos y canteras, y el sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura.

Poco antes de la aprobación de la ley, desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente destacaron que promoverían acuerdos voluntarios con los propietarios de fincas privadas en los parques nacionales para que no puedan cazar, pescar o talar, y calcularon que el coste de las indemnizaciones que la administración tendría que desembolsar para que los dueños pierdan estos derechos podría superar los 300 millones de euros.

POLÉMICA PARLAMENTARIA

La Ley de Parques Nacionales fue aprobada el 20 de noviembre de 2014 con el único apoyo del PP y el rechazo de todos los grupos de la oposición, que criticaron que en fincas privadas de estos espacios protegidos puedan realizarse hasta 2020 actividades prohibidas recogidas en la propia norma, entre ellas la caza.

Inicialmente, el Gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley asegurando que el texto prohibía la caza, la pesca y la tala comercial en estos espacios protegidos, y que garantizaba su conservación con un nuevo modelo en el que el Estado coordina la red respetando la gestión de las comunidades autónomas, procura una gestión más participativa y abierta a la sociedad e integra en la gestión a los habitantes de los parques nacionales y de sus entornos, impulsando el desarrollo sostenible de estas poblaciones.

A su llegada al Senado, los ecologistas y los grupos de la oposición censuraron que el PP introdujera una enmienda que permitía ‘sine die’ las actividades prohibidas en los parques nacionales, como la pesca deportiva y recreativa, la caza deportiva y comercial, la tala con fines comerciales; aprovechamientos hidroeléctricos, vías de comunicación y redes energéticas; las explotaciones y extracciones mineras, de hidrocarburos, áridos y canteras, y el sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura.

Una posterior enmienda de los populares limitaba estas actividades prohibidas a 2020, salvo que las administraciones públicas y los propietarios de fincas privadas de los parques nacionales lleguen a acuerdos voluntarios por los que aquéllas deben indemnizar a estos por no permitirles realizar esas actividades prohibidas.

En su vuelta al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, todos los portavoces de la oposición volvieron a manifestar su rechazo al texto, pero la enmienda del PP salió adelante.

Actualmente, España cuenta con 15 parques nacionales, que ocupan una superficie de 384.504,09 hectáreas y acogen una gran riqueza de fauna y vegetación. La última incorporación fue el de la Sierra de Guadarrama (33.960 hectáreas), entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León.

La red de parques nacionales la forman Teide, Picos de Europa, Timanfaya, Sierra Nevada, Garajonay, Ordesa y Monte Perdido, Caldera de Taburiente, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Monfragüe, Doñana, Islas Atlánticas de Galicia, Tablas de Daimiel, Cabañeros, Archipiélago de Cabrera y Sierra de Guadarrama.