Así lo anunció la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que destacó que la norma contribuirá al cumplimiento del objetivo del 20% de renovables para el año 2020 con un “mínimo coste” para el consumidor.

A su vez, señaló que incluye medidas para fomentar la eficiencia energética y establece unos objetivos mínimos de utilización de biocarburantes en el transporte, ambos “elementos clave” para cumplir los objetivos de 2020.

El real decreto establece una senda de obligación de biocombustibles en el transporte, que va ascendiendo gradualmente hasta alcanzar el 8,5% en 2020. En concreto, los objetivos obligatorios mínimos anuales para la venta o consumo de biocarburantes son del 4,3% en 2016, del 5% en 2017, del 6% en 2018 y del 7% en 2019, hasta alcanzar el 8,5% en 2020.

Además, para el cómputo del objetivo de 2020 se limita el uso de biocarburantes de primera generación (los que compiten con los usos para alimentación humana) al 7%, debiendo establecer el Gobierno, antes de 2017, un objetivo indicativo de biocarburantes avanzados

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2020

La vicepresidenta indicó que España está por encima de la senda de cumplimiento prevista en los objetivos en materia de renovables y reducción de emisiones para 2020, ya que el año pasado la penetración de renovables fue del 17,1%.

Así, se sitúa cinco puntos por encima de la senda prevista para este año, y con la puesta en marcha del real decreto de fomento de biocarburantes aprobado “sin hacer nada más llegaríamos al 19% en 2020”.

De esta forma, Sáenz de Santamaría apuntó que sólo faltaría introducir una “pequeña medida" para cumplir un 1% más y alcanzar ese año el 20% de renovables. “Tenemos una senda amplia para poder cumplir de sobra los objetivos de reducción del 20%”, añadió.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Asimismo, el real decreto incluye medidas para fomentar la eficiencia energética, con iniciativas para incrementar y facilitar la información a los consumidores de sus consumos de gas y electricidad.

Se regula el acceso a sus datos, se establece la opción de facturación ‘online’ y la obligación de aportar información a los consumidores sobre el potencial de los contadores de telegestión.

También se incluye la necesidad de evaluar el potencial de eficiencia energética de las infraestructuras de gas y electricidad.