La investigación de la trama Púnica mantiene en prisión a Francisco Granados, exconsejero madrileño y exmano derecha de Esperanza Aguirre, y al empresario David Marjaliza, cabecilla de una trama de presunta financiación ilegal del PP a través de la adjudicación fraudulenta de contratos públicos.

Según la investigación, el 'modus operandi' de esta red es muy similar al que ponía en práctica la Gürtel. Distintas empresas constructoras tales como FCC, Urbaser, Avintia,Noxa Consulting, Ortiz Construcciones y Vancouver, Ruta Energética o Inversiones y Estudios Urbanos pagaban al PP encuestas electorales durante las campañas camuflando estos servicios bajo la apariencia de estudios socioeconómicos. Todas ellas, fueron concesionarias de contratos públicos en alguno de los siete municipios investigados hasta ahora.

40 INTERROGADOS

Entre septiembre y diciembre el juez Velasco ha tomado declaración a más de 40 personas relacionadas con la investigación. La mitad de los citados son imputados por su presunta participación en la trama y la otra mitad han prestado declaración como testigo.

Los testimonios de estas 40 personas tienen que ver con las revelaciones hechas por el cabecilla de la red, el empresario David Marjaliza, que declaró ante el magistrado durante más de once horas en junio pasado. El juez también ha preguntado a los citados por el contenido de las comisiones rogatorias internacionales de las que ha obtenido respuesta.

El juez Velasco envió ayer lunes una providencia a la Fiscalía, en la que pregunta si procede declarar “complejas o no” las causas que investiga, entre ellas la 'trama Púnica´de corrupción, algo que podría facilitar una solicitud para ampliar su plazo de investigación.

CAUSAS COMPLEJAS

El magistrado hace esta consulta porque sostiene que los sumarios que instruye, entre ellos el del 'caso Púnica', no podrán “razonablemente completarse” en el plazo de seis meses que establece como primer límite la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

En su última reforma, el artículo 324 de la Lecrim establece que la instrucción de las causas no puede prolongarse más allá de los seis meses, salvo que sean consideradas “complejas”, lo que permite ampliar la investigación hasta los 18 meses, con posibilidad de prorrogarlo de forma excepcional siempre que lo solicite la Fiscalía o las distintas partes personadas en un sumario.

Velasco da así un paso para intentar alargar el plazo de instrucción del 'caso Púnica' y otras causas que investiga. Ya el pasado 17 de septiembre este solicitó formalmente un magistrado de apoyo que le ayude a concluir algunos de los 100 asuntos “complejos” que tiene pendientes.

INVESTIGACIÓN CON 12 PIEZAS

El juez Velasco acordó el pasado mes de septiembre dividir en doce piezas separadas la investigación de la 'operación Púnica' para una tramitación más rápida y ordenada de la causa y permitir el enjuiciamiento, sin dilaciones, en aquellas piezas en las que haya finalizado la instrucción.

La causa se inició en junio de 2014 a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, una investigación de la que han ido surgiendo "tramas delictivas no siempre sobre hechos semejantes o involucrando a las mismas personas", según relataba el magistrado en un auto.

Velasco sostenía entonces que ahora que la causa empieza a estar definida se observa "la concurrencia en ella de diversas acciones delictivas que afectan a muchas personas -la causa tiene más de 100 imputados- muchas de ellas no relacionadas entre sí, en una causa que ya alcanza los más de 50.000 folios -inmanejables- en más de 65 tomos".

Pese a ello, se detecta el hilo conductor de "ciertos conseguidores que van expandiendo influencias por todos ellos, lo hacen en diferentes Administraciones Públicas, afectando a diversos órganos de contratación e incluso diferentes formaciones políticas, en épocas diversas en el tiempo, aconsejando la división más afín temática posible para una continuación ordenada de la causa", tal y como permite el artículo 762.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

DECLARACIÓN DE MARJALIZA

Buena parte de las declaraciones tomadas en estos meses tienen por objetivo corroborar la veracidad de la declaración del cabecilla de la red, el empresario David Marjaliza, que respondió a las preguntas del magistrado durante once horas en tres sesiones de interrogatorio en junio pasado.

Precisamente esa declaración está aún bajo secreto de sumario y será una de las que presumiblemente se conocerá en el mes de enero. Será el momento de comprobar si el empresario hizo revelaciones sobre el papel en la trama de su amigo y ex 'número dos' de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y de otros políticos aún no salpicados por el sumario.

También se podría desvelar el contenido de las innumerables pruebas documentales e informes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solicitadas por el juez y a las distintas administraciones presuntamente implicadas en el desvío de fondos públicos.

Las ramificaciones internacionales de la trama y las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales han obligado a Velasco a librar comisiones rogatorias a tres continentes: América, Asia y Europa. En concreto, Velasco las ha dirigido a Holanda, Costa Rica, Suiza y Singapur, de las que ya ha recibido respuesta.