Según destaca la patronal astillera Pymar, con esta decisión el Tribunal respalda sus argumentos en contra de la decisión. Por ello, la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, afirma que la patronal "estudiará todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español".

La sentencia anula la decisión de la Comisión Europea de 17 de julio de 2013, que fue el resultado de un procedimiento iniciado en junio de 2011 y que afectaba a 273 transacciones por un valor total de 8.727.997.332 euros, el cual culminó considerando ayuda de Estado incompatible con el mercado interior al antiguo sistema de ‘tax lease’ aplicado en España entre los años 2007 y 2011.

El Tribunal determina que el denominado sistema español de arrendamiento fiscal no constituía ayuda de estado, tal y como defendieron el Reino de España y Pymar desde un primer momento.

Concretamente, el Tribunal considera que este sistema no tiene carácter selectivo, ya que todos los contribuyentes en España que desarrollaran una actividad económica e invirtieran en este tipo de operaciones podían resultar beneficiarios del sistema.

Como consecuencia de esta sentencia, quedará anulada igualmente la orden de recuperación de las supuestas ayudas concedidas a través del referido sistema, proceso que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya había iniciado por petición de los servicios de competencia de la Comisión Europea.