La vista oral comenzó puntual a las 9.20 horas,con la lectura por parte del letrado de la Administración de justicia de las acusaciones que tanto la infanta Cristina como su marido escucharon con la mirada fija al frente y el rictus serio. A continuación, el tribunal abrió un turno de intervenciones para que las partes plantearan las cuestiones previas.

Se consideran cuestiones previas la competencia de órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento (cosa juzgada, prescripción del delito, etc.), las causas de suspensión del juicio oral (enfermedad, revelaciones o retractaciones inesperadas, etc), la nulidad de actuaciones y las cuestiones sobre el contenido y la finalidad de las pruebas propuestas o que se propongan en ese momento para su práctica en el juicio.

Silva Sánchez se dirigió al tribunal presidido por la magistrada Samantha Romero para anunciar su intención de solicitar la aplicación de la doctrina acuñada por el Tribunal Supremo en 2007 para el caso del que fuera presidente del Banco Santander Emilio Botín. Ese criterio establece que si la Fiscalía o directamente el perjudicado por el hecho delictivo, en este caso la Hacienda pública, representada por la Abogacía del Estado, no acusan a la Infanta, ésta no debe sentarse en el banquillo.

Este criterio fue matizado por el propio Supremo un año después con motivo del proceso contra el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, que finalmente fue juzgado y condenado por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialistas Abertzaleak, pese a sólo estar acusado por la acción popular.

Por su parte, el letrado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, anunció que renuncia a plantear la cuestión de competencia que en principio tenía previsto defender en esta primera sesión del juicio Nóos.

Vicente Grima, en nombre del que fuera secretario autonómico de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón Martín, presentó una cuestión de competencia territorial y planteó que su defendido sea juzgado por la Audiencia Provincial de Valencia, puesto que todos los delitos de los que se le acusa (prevaricación, malversación , fraude y tráfico de influencias) fueron cometidos en esa comunidad autónoma.