López utilizó este argumento en su intervención, en contra de lo defendido por el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, y la Abogacía del Estado, que defendieron la aplicación a la hermana del Rey y a Ana María Tejeiro de la llamada `doctrina Botín´.

La letrada insistió en que hoy no sólo se decide sobre este caso, sino que “se debate la permanencia de la acción popular en el ordenamiento jurídico”. A su entender, “un retorcimiento” de la legalidad que impidiera sentar en el banquillo a la Infanta “causaría un triple perjuicio: a la justicia española, que ya no sería igual para todos; sería también un gravísimo ataque a las instituciones del Estado y se vería perjudicada la Corona, y perjudicaría a la Infanta, a la que impediríamos demostrar su inocencia y quedaría estigmatizada” por sombras de culpabilidad.

Manos Limpias negó “intenciones espurias” en su actuación como acusación popular y rechazó la idea de que la legalidad en materia tributaria sólo pueda estar encarada en la acción que ejerza la Abogacía del Estado en su calidad de representante de los intereses de la Agencia Tributaria.

La Abogacía del Estado, defendió la letrada, no puede tener el “monopolio de acusar a los ciudadanos” ni puede usar esa posibilidad para lograr un “privilegio de inmunidad” para la Infanta “apartando a esta acusación” y llegó incluso a acusar tanto a Anticorrupción como a la Abogacía de “interpretación partidista para defender sus tesis”.